Gobierno establece plazos para implementar la factura electrónica B2B en empresas
El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que establece la obligatoriedad del uso de facturas electrónicas entre empresas y profesionales, llamado sistema B2B. La norma se aplicará de forma progresiva: un año de plazo para compañías con facturación superior a 8 millones de euros y dos años para el resto, contados desde la publicación de la orden ministerial que regulará la plataforma pública para facturación.
Esta iniciativa busca acelerar la digitalización empresarial, reducir la morosidad y facilitar que las empresas, sobre todo pymes, reciban sus pagos con mayor rapidez y previsibilidad, según señaló el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
El real decreto establece que una factura electrónica es un archivo estructurado para lectura automática, superando el uso de PDF, Excel o papel. También impone la obligación de informar sobre el estado de cada factura, incluyendo su aceptación y fecha de pago efectivo.
Para el intercambio de facturas electrónicas, las empresas podrán elegir entre dos opciones: plataformas privadas interconectadas para evitar la necesidad de formar parte de la plataforma del cliente, o una solución pública y gratuita creada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dirigida a todos los empresarios o profesionales, incluyendo autónomos con volumen bajo de facturación.
La entrada en vigor será gradual: un año para compañías que facturan más de 8 millones y dos años para las demás, comenzando a contar desde la publicación de la orden técnica de Hacienda, prevista antes del 1 de julio de 2026.
Carlos Cuerpo aclaró que el real decreto contempla un tiempo de adaptación suficiente, considerando el tamaño y características de las empresas obligadas.
Diferencias con Verifactu
Este real decreto referente a la factura electrónica B2B surge al mismo tiempo que otro proyecto del Ministerio de Hacienda, denominado 'Verifactu'. Aunque este último ya está vigente, su aplicación práctica se pospone hasta 2027.
Ambos proyectos se han tramitado simultáneamente, pero tienen objetivos distintos. Verifactu está orientado a combatir el fraude fiscal en cualquier tipo de transacción, estableciendo obligaciones para los desarrolladores de software de facturación que dificultan la manipulación de los registros y estableciendo mecanismos para reportar información fiscal a la Agencia Tributaria.
Reducción de cargas y ahorro para las empresas
Por otro lado, la normativa sobre factura electrónica B2B desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se alinea con la estrategia europea para la digitalización del IVA, conocida como la iniciativa VIDA de la Comisión Europea.
Según el Ministerio liderado por Carlos Cuerpo, esta modalidad de facturación automatizada genera un ahorro considerable en tiempo y recursos para las empresas que la utilizan.
La automatización facilita la recepción de cientos o miles de facturas anuales en un formato estructurado que los programas contables pueden procesar directamente. Esto es un avance frente a la introducción de facturas en PDF o papel, donde los datos deben ser manualmente ingresados en los sistemas, a menudo por diferentes vías o direcciones. Esta eficiencia ha motivado su adopción en sectores como gran consumo, automoción, suministros sanitarios, hoteles y agencias de viaje.
Actualmente, en España se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas anuales, con un ahorro estimado superior a 2.700 millones de euros. Como referencia europea, Italia opera este sistema desde 2019, gestionando más de 2.000 millones de facturas electrónicas al año.
El Gobierno estima que, al alcanzar un volumen similar al italiano, el ahorro para las empresas españolas podría superar los 8.000 millones de euros anuales.
