Industria establece criterios para ayudas del Perte VEC en baterías eléctricas
El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado las bases reguladoras para otorgar ayudas a proyectos dedicados a la producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno para vehículos eléctricos. Estas ayudas se enmarcan dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) y se conceden en régimen de concurrencia no competitiva.
La financiación está dirigida únicamente a proyectos cuyo presupuesto financiable sea igual o superior a 30 millones de euros. La entidad responsable de gestionar, supervisar y controlar estos procedimientos será la Dirección de Programas Estratégicos Industriales de Sepides.
Finalidad de las ayudas
Según se expone en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al que ha tenido acceso Europa Press, estas ayudas buscan impulsar inversiones que aumenten la capacidad de fabricación en tecnologías de baterías y almacenamiento de energía, así como en tecnologías de hidrógeno, siempre orientadas exclusivamente al vehículo eléctrico. Se permite el uso de materias primas secundarias para estos procesos.
De igual forma, las subvenciones se aplican a la producción, incluyendo materias primas secundarias, de componentes clave específicos para las baterías y pilas de combustible de hidrógeno destinadas a vehículos eléctricos. También cubren la fabricación de materias primas fundamentales asociadas necesarias para obtener los productos finales o los componentes esenciales de estas baterías.
Plazos y condiciones
Las resoluciones que concedan estas ayudas deberán publicarse antes del 30 de junio de 2026. Los proyectos podrán ser financiados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, y el período máximo para completar las inversiones es de 60 meses desde la fecha de la resolución.
Estas ayudas se otorgarán en forma de subvenciones, y los beneficiarios están obligados a mantener las inversiones en la zona específica durante al menos cinco años, o tres años para las pequeñas y medianas empresas (pymes), después de la finalización del proyecto. Este requisito busca favorecer la creación de empleo estable y de calidad dentro de la Unión Europea.
