Los precios de los productos están en alza, pero los agricultores apenas notan esa subida. José Ramón Pous, presidente de Adaribera (asociación de agricultores de la Ribera), confirma que por 1 kilo de naranjas pueden cobrar unos 0,30 euros, mientras que los consumidores pagan alrededor de 2 euros, una diferencia del casi 400%.
Según Pous, los intermediarios son en parte responsables de esta disparidad, y sugiere que reducir su participación podría ayudar a mitigarla.
Pepe Barea, propietario de campos de cítricos, cebollas y patatas, también enfrenta dificultades financieras y teme que si la situación persiste, se vea obligado a abandonar la agricultura.
Los agricultores demandan una relación comercial más equitativa y justa, preocupados por el futuro del sector y por la falta de relevo generacional en el campo.
Entre sus reclamaciones destacan:
- Mantener el gasóleo agrícola.
- Oponerse al cuaderno digital, que representa una carga económica adicional para el sector.
- Flexibilizar las normativas sobre ecorregímenes si se vuelven obligatorios.
- Relajar las leyes medioambientales para permitir una vida rural sostenible.
- Establecer límites a la importación de productos que compiten deslealmente con las producciones nacionales.
- Regular las diferencias de precio entre los alimentos desde su origen hasta su venta en los supermercados.
- Autorizar la quema controlada de residuos agrícolas.
Los agricultores también critican la burocracia excesiva, la falta de apoyo gubernamental y la orientación de la Política Agraria Común (PAC) lejos de la profesionalización del campo.
Su objetivo es más que obtener más fondos, buscan un entorno en el que puedan trabajar y vivir sin depender exclusivamente de la PAC.
