Extremadura rechaza la nueva financiación al no recibir "ni un céntimo más"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en su despachoen en el edificio de servicios múltiples de Cáceres
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en su despachoen en el edificio de servicios múltiples de Cáceres

La consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha expresado en Cáceres su rechazo a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre financiación autonómica al considerar que Extremadura no obtendría un incremento de recursos respecto al sistema vigente.

Según ha trasladado, el planteamiento conocido hasta ahora no garantizaría, a su juicio, los principios de solidaridad e igualdad entre territorios, y además introduciría elementos que ha calificado como contrarios al marco constitucional.

La responsable autonómica asistirá el próximo miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se prevé que el Ejecutivo central detalle el modelo propuesto a los gobiernos regionales.

  1. Rechazo al modelo y principios en juego
  2. Impacto en Extremadura y Cantabria: cifras del reparto
  3. Fondo de Compensación Interterritorial: límites y objetivo
  4. Basta ya: sin conformidad y reivindicación de inversiones
  5. Vía legal y críticas al procedimiento de negociación

Rechazo al modelo y principios en juego

Manzano ha sostenido que la propuesta del Ejecutivo supone una distorsión del equilibrio territorial porque Extremadura no recibiría, en términos de sistema, ni un euro adicional. En ese marco, ha tildado el planteamiento de aberrante y ha defendido que se consagra un criterio de ordinalidad que, a su entender, territorializa los ingresos y se aparta de los principios constitucionales de solidaridad.

En su valoración, ha vinculado el reparto previsto con un coste político destinado a sostener mayorías, al señalar que el diseño proyectado favorece a determinados territorios con cantidades muy superiores a las del resto.

Impacto en Extremadura y Cantabria: cifras del reparto

De acuerdo con lo expuesto por la consejera, Extremadura mantendría los 4.700 millones de euros que recibe en la actualidad, y el único incremento estimado sería de 216 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial, mediante un tramo específico para comunidades situadas por debajo de la media en financiación por habitante.

Por esa misma vía, Cantabria percibiría 46 millones. Ambas serían, según ha indicado, las dos únicas comunidades autónomas que no verían incrementados sus recursos respecto al modelo vigente, mientras que en la propuesta se contemplan aumentos de 4.686 millones para Cataluña, 3.669 millones para Valencia y 2.555 millones para Madrid.

Fondo de Compensación Interterritorial: límites y objetivo

Manzano ha remarcado que el Fondo de Compensación Interterritorial debe servir para corregir desequilibrios entre territorios y no para asegurar, por sí solo, la suficiencia financiera autonómica. Ha insistido en que la región necesita recursos suficientes y que, a día de hoy, esa suficiencia no estaría garantizada.

En esa línea, ha defendido que primero debe asegurarse una financiación adecuada para Extremadura y, después, aplicar el principio de solidaridad mediante el fondo, sin que este mecanismo compense la ausencia de un aumento estructural en el sistema.

También ha advertido de que el modelo planteado lastraría el crecimiento de Extremadura, mientras otras comunidades sí accederían, según su criterio, a un margen de expansión mayor asociado a la nueva distribución de recursos.

Basta ya: sin conformidad y reivindicación de inversiones

La consejera ha mostrado un rechazo frontal y ha señalado que no habrá conformidad tras años de financiación insuficiente. Ha relacionado esa situación con una falta de inversiones e infraestructuras y con dificultades para mejorar la conexión de la región con el resto del territorio, factores que, en su opinión, condicionan la capacidad de crecimiento.

Asimismo, ha argumentado que la Constitución Española ampara la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la libertad de elegir lugar de residencia. En ese marco, ha añadido que el modelo no reflejaría adecuadamente la realidad territorial de Extremadura, donde la extensión y la dispersión de la población elevan el coste de prestación de servicios.

En paralelo, ha reclamado un reparto más equilibrado de los 325.000 millones de euros que recauda el Estado este año y ha señalado que esa cifra duplica la recaudación de 2009, ejercicio en el que se aprobó el anterior modelo de financiación autonómica.

Manzano ha afirmado que Extremadura activará los medios legales previstos en el ordenamiento jurídico para defender la igualdad de los extremeños y no ha descartado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si el modelo termina aprobándose. También ha subrayado que la reivindicación podría trasladarse a los tribunales.

En sus críticas al presidente del Gobierno, ha sostenido que el planteamiento no respeta el marco normativo aplicable, y ha citado la Constitución, la LOFCA y la ley reguladora del sistema de financiación autonómica como referencias que, en su opinión, deberían guiar el proceso.

Además, ha cuestionado una reunión de Sánchez con Oriol Junqueras al considerar que no representa a una comunidad autónoma y que, pese a ello, se habría negociado un acuerdo con impacto sobre todas las regiones y sobre fondos de carácter general.

En cuanto al procedimiento, ha defendido que el modelo debe abordarse en un órgano multilateral y situar el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que ha atribuido la competencia para aprobar, regular y proponer el sistema. También ha reprochado que las comunidades no conocieran antes las líneas generales de un modelo que debe plasmarse en una ley orgánica, modificar la LOFCA y tramitarse en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, ha reiterado su oposición al reparto previsto de 21.000 millones de euros en el nuevo sistema, al sostener que Extremadura no obtendría ningún incremento y al atribuir el diseño a un acuerdo bilateral con Cataluña.