Sumar propone impedir que universidades usen nombres del rey o herederos
El 22 de marzo, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la ley orgánica que modifica el sistema universitario (LOSU). Esta propuesta prohíbe que las universidades adopten nombres que hagan alusión al Rey o a sus descendientes.
Según la enmienda consultada por Europa Press, se propone que mientras España mantenga la monarquía como forma de Estado, las instituciones académicas no puedan utilizar en sus denominaciones el nombre, título, apellido o cualquier referencia identificable al actual Jefe del Estado ni a sus herederos directos o sucesores en la línea familiar, independientemente de la forma en que hayan ostentado dicho estatus.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Republicano ha presentado otra enmienda relacionada con la figura del Rey, que busca eliminar su firma en los títulos universitarios. Los republicanos, que han registrado varias enmiendas contra esta ley promovida por el PSOE, pretenden avanzar hacia una universidad que goce de mayor autonomía y que esté libre de simbologías vinculadas a la monarquía.
Autonomía y pluralismo universitario
El propósito general de estas enmiendas es fortalecer la autonomía académica, garantizar el pluralismo en el uso de las lenguas, ampliar los derechos de los estudiantes y consolidar el sistema público de investigación. En esta línea, se plantea eliminar la necesidad de que los títulos oficiales se expidan en nombre del jefe del Estado.
La diputada Etna Estrems ha argumentado que no existe ninguna disposición constitucional que imponga que los títulos universitarios deban emitirse bajo el nombre del Rey. Actualmente, se trata de una previsión legislativa que, por tanto, puede ser modificada para que las universidades se rijan por criterios estrictamente académicos e institucionales, sin la incorporación de formalismos simbólicos carentes de respaldo explícito en la Constitución.
Prácticas académicas exteriores sin transacciones económicas
El texto normativo propuesto por el PSOE en el Congreso especifica que las prácticas académicas externas curriculares no deben suponer, al momento de su acuerdo, ninguna transacción económica entre la institución de origen y la de destino. Esta medida pretende evitar que las instituciones con mayor capacidad financiera condicionen el desarrollo de esta obligación curricular de los estudiantes.
Además, se busca proteger el acceso equitativo de todos los estudiantes universitarios a las oportunidades que ofrecen estas prácticas. Existe un precedente similar en la Formación Profesional, donde la normativa vigente prohíbe vincular el periodo de formación en empresa a contraprestación económica o donación por parte del centro, directa o indirectamente, cuando la estancia forma parte del currículo formativo.
La iniciativa del PSOE pretende extender esta restricción al ámbito universitario, de modo que las universidades, tanto públicas como privadas, puedan establecer convenios con empresas e instituciones, nacionales o extranjeras, que garanticen el acceso efectivo del alumnado a las prácticas curriculares. En estos casos, la realización de las prácticas no podrá estar condicionada a contraprestaciones económicas, ni directa ni indirectamente, a través de fundaciones u organizaciones vinculadas.
Dado que las prácticas académicas externas tienen un carácter formativo, se establece que de su realización no surgirán obligaciones propias de una relación laboral ni podrán reemplazar la labor desempeñada habitualmente en los puestos de trabajo.
