España asegura que están garantizados los derechos de menores con necesidades especiales
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sostiene que los derechos fundamentales del alumnado con necesidades educativas especiales "están garantizados y no dependen de porcentajes". El mensaje busca reforzar la idea de que la protección de estos derechos no se condiciona a una cifra administrativa.
Este posicionamiento llega tras las observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. En un contexto donde la equidad educativa requiere vigilancia constante, conviene seguir de cerca cómo se aplican las ayudas, los apoyos y los criterios de acceso para que ninguna familia quede desinformada.
Según trasladan fuentes del Departamento que dirige Milagros Tolón, la cobertura de derechos se mantiene al margen de los baremos. Al mismo tiempo, el Ministerio distingue entre el derecho a la educación inclusiva y el acceso a determinadas ayudas adicionales, un matiz clave para comprender el debate.
- Respuesta del Ministerio y marco de derechos
- Críticas de Naciones Unidas sobre becas y escolarización
- Becas adicionales y umbral del 25% de discapacidad
- Inclusión escolar, centros ordinarios y educación especial
- Plan Estratégico de Educación Inclusiva (PEEI) previsto para 2026
Respuesta del Ministerio y marco de derechos
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes afirma que los derechos del alumnado con necesidades educativas especiales "están garantizados y no dependen de porcentajes". La declaración se plantea como una garantía de base: la atención educativa no se supedita a un reconocimiento administrativo concreto.
Desde el Departamento se subraya que el porcentaje de discapacidad opera, en su caso, como un criterio para activar determinadas vías de apoyo económico. Esta diferencia entre derecho educativo y ayudas adicionales resulta determinante para interpretar el alcance de la normativa y de las convocatorias.
Críticas de Naciones Unidas sobre becas y escolarización
El contexto incluye la valoración del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha criticado que España excluya de becas y ayudas al estudio a parte del alumnado con necesidades educativas especiales cuando estas dependen de alcanzar un determinado grado de discapacidad reconocido administrativamente.
En concreto, la ONU expresó preocupación por la "alta tasa de niños con discapacidad en centros de educación especial y por la exclusión de becas y ayudas al estudio de los niños con necesidades educativas especiales que no alcanzan el grado establecido de discapacidad administrativa". El debate, por tanto, combina la dimensión de las ayudas con el modelo de escolarización.
Becas adicionales y umbral del 25% de discapacidad
Ante estas críticas, el Ministerio responde que el grado de discapacidad "es un umbral administrativo para ayudas y becas adicionales". También recuerda que, hasta 2024, el grado de discapacidad que debía acreditarse para acceder a las ayudas era del 33%.
Según el Departamento, ese requisito se redujo al 25%, lo que supuso un incremento de más de 8.000 becarios a partir del curso 2024/2025. Estas becas adicionales se encuadran en la convocatoria de ayudas directas para las necesidades de apoyo educativo, destinadas a contribuir en los gastos que la educación del alumnado pueda generar para sus familias.
Para acceder a estas ayudas, se exige acreditar una necesidad específica de apoyo educativo derivada de determinados trastornos, como discapacidad, trastorno grave de la conducta o de la comunicación y el lenguaje o TEA. El enfoque se centra en delimitar el tipo de necesidad que habilita el acceso a la ayuda.
El Ministerio añade que el grado mínimo fijado para las ayudas es del 25%, porcentaje a partir del cual la discapacidad puede considerarse moderada, según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Inclusión escolar, centros ordinarios y educación especial
Desde el Ministerio se recalca que en España la escolarización "se rige por los principios de normalización e inclusión". Bajo este marco, se remarca que todo el alumnado "tiene derecho a una educación inclusiva sin que se exija un grado específico de discapacidad".
En cuanto a la educación especial, se precisa que la escolarización del alumnado con discapacidad solo se llevará a cabo en centros de educación especial cuando sus necesidades no puedan atenderse con las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Este paso requiere determinación por profesionales específicos, y que familias y alumnado estén correctamente informados y consultados.
Además, conforme a la normativa, las administraciones educativas tienen la obligación de dotar al alumnado del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o desde la detección de la necesidad. Este principio refuerza la importancia de activar recursos sin demoras cuando se identifique el apoyo requerido.
En este escenario, resulta esencial mantener la atención en la aplicación práctica de estos criterios, ya que de ello dependen la continuidad educativa y la respuesta adaptada en cada etapa. La claridad en los procedimientos y en la información a las familias se vuelve un elemento decisivo.
Plan Estratégico de Educación Inclusiva (PEEI) previsto para 2026
Desde el año pasado, el Ministerio desarrolla un Plan Estratégico de Educación Inclusiva que atienda a las necesidades del alumnado en todas las etapas, desde la Educación Infantil. El PEEI, cuya presentación está prevista para este año 2026, se concibe como un marco de actuación integral para asegurar la completa integración y el éxito educativo de todo el alumnado, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
El plan se plantea como respuesta a lo establecido en la legislación española y se apoya en los instrumentos internacionales ratificados por España. El objetivo declarado es consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad en todo el territorio español, capaz de asegurar el acceso, la permanencia y el avance de todo el alumnado.
Su desarrollo se está llevando a cabo mediante una estrategia participativa y de cooperación. En ella participan administraciones educativas nacionales y autonómicas, colaboración interministerial, expertos y sociedad civil, con el propósito de articular medidas coherentes en todo el sistema.
Con el PEEI en el horizonte de 2026, cobra relevancia impulsar el seguimiento ciudadano y educativo de su despliegue, para que las medidas previstas se traduzcan en apoyos reales dentro de los centros y en seguridad para las familias. La inclusión, cuando se concreta en recursos y acompañamiento, protege trayectorias escolares y oportunidades.
