Bebé de un mes pasa por varios centros antes de ser ingresado en Vall d'Hebron
Un bebé de solo seis semanas sufrió un maltrato extremo por parte de sus padres, un hombre de 42 años y una mujer de 43, ambos ya en prisión. Los progenitores están acusados de lesiones muy graves, agresión sexual y maltrato habitual al menor. Antes de ser trasladado al hospital Vall d’Hebron, el lactante fue atendido en un centro de atención primaria y en tres distintos hospitales de Barcelona, según declaró la madre.
Fue en Vall d’Hebron donde se detectaron las graves lesiones y los presuntos abusos sexuales que presentaba el niño. Los servicios médicos avisaron a los Mossos d’Esquadra y a la justicia, que actuaron de inmediato para detener a los padres. Este hospital es un centro de referencia para casos de abuso infantil y activó el correspondiente protocolo para estos hechos.
Las fuentes consultadas, incluyendo declaraciones recogidas por 'El Periódico', apuntan a que tanto en el centro de atención primaria como en los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y dos visitas al Hospital de Sant Pau se atendió previamente al bebé sin que en un principio se detectaran indicios claros de maltrato. No obstante, ante las fracturas, golpes y heridas observadas en la segunda visita al Hospital de Sant Pau el 16 de marzo, se decidió derivar al niño a Vall d’Hebron. A pesar de estas circunstancias, la Consejería de Salud ha iniciado una investigación para esclarecer cómo ocurrió esta cadena de atención sin detección previa.
Protocolo sanitario en Catalunya ante maltrato infantil
En Catalunya, existe un protocolo sanitario específico para actuar ante sospechas o confirmaciones de maltrato y abusos hacia menores, abarcando agresiones físicas y sexuales, negligencia y maltrato emocional. Este protocolo está coordinado por el Departamento de Salud junto con Derechos Sociales, Educación y Justicia. Su objetivo es facilitar una respuesta rápida y efectiva en centros de atención primaria y hospitales.
Se reconocen distintos tipos de maltrato: físico, negligencia, psicológico, abuso sexual, maltrato prenatal, explotación y violencia digital, entre otros. El protocolo establece que cualquier indicio debe ser atendido de inmediato. Los profesionales están obligados a valorar no solo las lesiones físicas, sino también las conductas del menor, la actitud de los cuidadores y el contexto familiar, siempre de forma interdisciplinaria para combinar la atención sanitaria y psicosocial.
En casos de maltrato físico, el protocolo considera especialmente sospechosos los relatos incongruentes, el retraso para buscar atención, lesiones incompatibles con las explicaciones, fracturas en niños que aún no caminan y ciertos patrones de hematomas, quemaduras o fracturas. En lactantes, cualquier traumatismo o marca obliga a sospechar maltrato. Cuando se trata de abuso sexual, la exploración debe ser conjunta entre personal médico y forense, realizando la notificación obligatoria a través del Registro unificado de maltratos infantiles (RUMI). En situaciones de riesgo grave, se contacta con DGAIA, Fiscalía, juzgados y Mossos d’Esquadra para garantizar protección inmediata.
Investigación y situación actual del bebé
Los peritos y médicos forenses que intervinieron en el caso confirmaron que las lesiones del bebé no son recientes, sino “evolutivas”, extendidas a lo largo de sus seis semanas de vida. Esto apunta a malos tratos continuados, descartando que las fracturas y heridas se deban a alguna enfermedad.
Las inspecciones al domicilio y el análisis de los móviles de los padres no aportaron indicios de implicación de más personas ni de la elaboración de imágenes de explotación infantil. El bebé permanece ingresado en la UCI neonatal de Vall d’Hebron, hospital donde nació y donde trabajaba su madre como enfermera en Traumatología. La consejera de Salud, Olga Pané, advirtió que aunque el pequeño sobrevivirá, probablemente sufrirá secuelas, sobre todo neurológicas y en órganos vitales.
El niño es fruto de un tratamiento de reproducción asistida, motivo por el que los investigadores muestran especial extrañeza ante el caso, pues la pareja había buscado este hijo con mucha ilusión. Tras la detención, el comportamiento de los padres ha sido calificado como “extraño”. La Fiscalía de Barcelona solicitó prisión para ambos y el juez ordenó retirarles la patria potestad.
Además, la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA) ha prohibido el acceso a la UCI tanto a la familia materna como paterna. El bebé está bajo tutela de la DGPPIA, que estudia si podrá permanecer con algún familiar o con una familia de acogida urgente para evitar su ingreso en un centro de menores. La consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, asegura que se trabaja con máxima dedicación para ofrecer al bebé la mejor protección y entorno posibles.
