Montero defiende la continuidad de los presupuestos prorrogados desde 2023
En un contexto de incertidumbre con respecto a las cuentas públicas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en la importancia de mantener vigentes los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los cuales han sido prorrogados ante la falta de nuevos acuerdos presupuestarios. Esta medida, según Montero, se ajusta plenamente a la Constitución, garantizando la estabilidad económica y la financiación pública.
Durante una interpelación en el Pleno del Congreso, el diputado del Partido Popular por Burgos, Ángel Ibáñez, cuestionó duramente al Gobierno por la ausencia de unos nuevos presupuestos. Ibáñez acusó al Ejecutivo de incumplir la Constitución repetidamente en la presentación de las cuentas públicas, calificándolo como una situación "vergonzosa" y responsabilizando directamente a la vicepresidenta.
El diputado 'popular' también denunció que esta demora en actualizar los entregas a cuenta ha perjudicado gravemente a Castilla y León, que ha dejado de percibir alrededor de 160 millones de euros mensuales. Además, destacó que la región deberá afrontar las necesidades de 2026 con un modelo de financiación basado en datos de 2023, lo que dificulta la gestión de sus recursos.
Montero y la prórroga presupuestaria
En su respuesta, Montero fundamentó la legalidad de esta prórroga en el artículo 134.4 de la Constitución, que establece que si no se aprueba una nueva Ley de Presupuestos antes del inicio del año económico, se mantienen vigentes las cuentas del año anterior hasta que se aprueben las nuevas. De este modo, la ministra defiende no solo la validez de las cuentas de 2023, sino también que su continuación está garantizada constitucionalmente para evitar vacíos en la gestión pública.
Debate sobre la financiación autonómica
Montero hizo un llamado al Partido Popular para que reflexionen antes de criticar la falta de actualización en los entregas a cuenta, recordando que ellos mismos han rechazado los decretos que contemplaban estas actualizaciones. Este intercambio pone de manifiesto la tensión política alrededor de la financiación autonómica y la necesidad urgente de una resolución que permita una distribución equilibrada de recursos para enfrentar los retos económicos próximos.