España vive el peor inicio de año en violencia vicaria desde que se registran datos
- Violencia vicaria en España: cifras y contexto
- Caso reciente en Alicante y estadísticas oficiales
- Respuesta institucional y acciones gubernamentales
- Reclamos de las organizaciones feministas
Violencia vicaria en España: cifras y contexto
España enfrenta el peor inicio de año en violencia vicaria desde que se cuentan con registros oficiales, con tres menores presuntamente asesinados por sus padres en lo que va de 2026. Esta cifra iguala la totalidad de casos reportados durante todo el año 2025. Los crímenes han ocurrido en Castellón, Santa Cruz de Tenerife y Alicante, según información oficial del Ministerio de Igualdad.
Este tipo de violencia se caracteriza por dañar a los hijos con el fin de causar sufrimiento a la madre. Desde 2013, se han reportado 68 menores asesinados bajo esta modalidad. En 2026, además, 11 niños y niñas han quedado huérfanos por este tipo de violencia machista.
A lo largo de los años, 2015 y 2024 registraron los mayores números de asesinatos por violencia vicaria, con nueve casos cada uno. Le siguen 2017 con ocho; 2018 y 2021, con siete; 2013 contabilizó seis; 2014 y 2020, cuatro; 2019, 2025 y 2026, con tres; mientras que 2022 y 2023 se ubicaron en dos; y 2016 registró uno.
Caso reciente en Alicante y estadísticas oficiales
El último incidente confirmado este lunes ocurrió el viernes 20 de marzo en Torrevieja, Alicante. Una menor de tres años habría sido asesinada por su padre, un hombre de 40 años que ya no convivía con la madre de la niña. No existían denuncias previas por violencia de género en contra del supuesto agresor.
La madre, de 36 años y expareja del acusado, alertó a la Guardia Civil tras perder contacto con el hombre y temer por la seguridad de su hija, quien estaba bajo su custodia. La policía encontró en la vivienda dos cadáveres: el de la menor y el del padre.
Este caso eleva a tres la cantidad de niños asesinados por sus padres en 2026, igualando el total del año anterior y marcando un récord negativo en los primeros tres meses del año según las estadísticas del Ministerio de Igualdad.
Respuesta institucional y acciones gubernamentales
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó su condena a los asesinatos en un mensaje en la red social X, refiriéndose tanto al caso de la menor en Alicante como al asesinato de una mujer en Zaragoza. La ministra subrayó la gravedad del suceso y pidió unidad y justicia con tolerancia cero frente a esta violencia.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, instó a reforzar la protección a los niños, señalando que el machismo también afecta a la infancia y que se trabaja en ampliar la ley para garantizar sus derechos formalmente.
El Gobierno trabaja actualmente en una ley específica contra la violencia vicaria, con la colaboración de los ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia, y Justicia. Aunque el anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el año pasado, aún no tiene fecha para su segundo trámite parlamentario, pese a la urgencia resaltada por asociaciones y expertos.
Inicialmente, la aprobación estaba prevista para febrero, pero se aplazó debido a discrepancias con el Ministerio de Juventud e Infancia. Este ministerio denunció que el texto no incluía cambios esenciales para la protección de menores, especialmente en temas críticos como la tipificación del delito, régimen de visitas, patria potestad y el derecho de audiencia de niños y adolescentes.
Reclamos de las organizaciones feministas
La división dentro del Gobierno surgió luego de que integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional advirtieron que el anteproyecto no distingue entre hombres y mujeres, creando un delito neutro que no refleja la naturaleza del fenómeno.
En una carta abierta dirigida a los ministerios implicados, las organizaciones expresaron que las reformas no pueden quedarse en cambios superficiales ni en la creación de figuras jurídicas que contradicen el concepto de violencia vicaria. También señalaron que, aunque la ley reconoce a los hijos como víctimas desde hace años, en la práctica se sigue priorizando el contacto con el agresor bajo la supuesta protección del interés superior del menor.
Preguntaron retóricamente desde cuándo el bienestar de una víctima implica seguir bajo control del agresor y solicitaron un enfoque integral y coherente que enfrente los patrones culturales que permiten creer que un hombre violento puede ser considerado un buen padre.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades y grupos parlamentarios para que las reformas garanticen que ningún niño o niña sea utilizado como instrumento contra su madre. Ana Redondo ha señalado que la ley es compleja y que durante el proceso parlamentario podrán presentarse enmiendas para incorporar temas no recogidos inicialmente.
