jueves. 28.03.2024

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia ha abierto cuatro investigaciones en menos de dos semanas por presuntas agresiones homófobas registradas en la ciudad. Además, está analizando dos denuncias más en un año en el que los sucesos de este tipo se han disparado.

Se trata de los últimos incidentes registrados en València, en el cauce del río Túria y en la Plaza de Honduras, que han coincidido con el asesinato de Samuel, un joven de 24 años que recibió una paliza en A Coruña propinada por un grupo de personas en un acto que se ha considerado de homofobia.

En València, las víctimas de los incidentes que está investigando el ministerio público son todo hombres, mayoritariamente jóvenes. "Los asuntos por este tipo de agresiones se han disparado en la ciudad y puede ser que haya una relación con la celebración del Orgullo Gay y con el asesinato de Samuel", ha apuntado en declaraciones a Europa Press la fiscal coordinadora de delitos de Odio, Susana Gisbert.

La situación es, a su juicio, "muy preocupante": "Es un tema que siempre ha existido pero que ahora parece que se está viendo más, no sé si porque la gente se está animando a denunciar o porque hay un repunte de casos. Creo que hay una mezcla de ambos factores", ha apostillado.

Al respecto, la fiscal ha destacado la "importancia" de que los ciudadanos que se enteren o presencien algún tipo de agresión de este estilo, primero traten de impedirla y, después, la denuncien a las autoridades competentes.

"Es importante ser conscientes de que no toda la homofobia es delito pero sí es igual de peligrosa", ha puntualizado Gisbert, que ha añadido que "cuando en un chat hay burlas a homosexuales, chistes homófobos o determinadas gracias o estereotipos, hay que reaccionar porque esto luego crea un ambiente de hostilidad", ha dicho.

Ha destacado que los autores de estas agresiones "no deben jamás tener una sensación de impunidad", por lo que considera "fundamental" que se sepa que estos actos se persiguen y que tienen consecuencias. "Estas agresiones no salen gratis", ha insistido.

Si todo va bien, ha apuntado la fiscal, estos incidentes no tardan más de un año en ser juzgados --después de la instrucción del ministerio público y las actuaciones judiciales--, aunque el procedimiento puede complicarse si se desconoce el autor o autores de las agresiones.

La regulación del delito de odio ofrece una herramienta jurídica para castigar este tipo de hechos pero, a juicio de la fiscal, hay un "problema": los puntos intermedios. "¿Qué pasa con los insultos que no son tan graves como para ser un delito de odio pero tampoco como para quedar impunes?", se ha preguntado a modo de ejemplo.

Esta parte "intermedia" queda "en el limbo" de los incidentes de odio. Se trata de acciones discriminatorias que no llegan a constituir un delito de odio. "En vía administrativa se pueden hacer muchas cosas pero faltaría una regulación unitaria de todos esos incidentes de odio", ha abogado.

Es "fundamental" que las víctimas se sientan protegidas, opina. El Estatuto de la Víctima les protege pero, quizá, igual que hay una normativa para proteger a las víctimas de violencia de género, "también debería haber una para víctimas de odio", ha apostado.

En este sentido, la fiscal ha puntualizado que existen medidas cautelares en estos incidentes dentro del proceso penal, como dictar un alejamiento, pero no específicas teniendo en cuenta las particularidades de los delitos de odio.

Actualmente, según las últimas estadísticas, tan solo se denuncia el 10% de las agresiones homófobas: "Hay que dar más mecanismos a los que sufren. Muchas veces no quieren salir a la luz y hay que hacer que se sientan seguros", ha incidido Gisbert.

Para prevenir este tipo de incidentes la fiscal ha subrayado que es "muy interesante" la ley de Infancia y Adolescencia que modifica la ley de publicidad y ahora se incluye el racismo o la homofobia. "Este tipo de acciones son muy importantes para ir a la raíz del problema", ha apostillado.

El Servicio Orienta de la Generalitat ha atendido en los primeros seis meses del año 99 casos de LGTBIfóbia --44 en Alicante, 39 en Valencia y 16 en Castellón--. De ellas, 13 atenciones han requerido intervención social; 37 intervención legal; y 49 intervención psicológica, según los datos que maneja la Generalitat y a los que ha tenido acceso Europa Press.