Koldo presenta última solicitud para que Supremo suspenda juicio de mascarillas
Koldo García, exasesor ministerial, ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad con el que intenta impedir que avance el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas y que el caso sea remitido a la Audiencia Nacional (AN).
El escrito, al que ha accedido Europa Press, solicita la anulación total del auto dictado por la Sala de lo Penal que rechazó anteriormente las alegaciones de García y del exministro José Luis Ábalos en la audiencia preliminar de febrero, previa al inicio del juicio que empezará el 7 de abril en el Supremo y se prolongará hasta finales del mes.
Se pide además que se ordene la retroacción del proceso al momento previo a la resolución impugnada, argumentando la vulneración de derechos constitucionales fundamentales.
La abogada Leticia de la Hoz destaca entre estos derechos el acceso a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado por un juez ordinario predeterminado por la ley y la garantía de la presentación de pruebas adecuadas.
La defensa sostiene que el Tribunal Supremo ha priorizado un rigorismo en los plazos por encima de la realidad procesal, al rechazar la alegación sobre la pérdida posterior de competencia del tribunal tras la dimisión de Ábalos como diputado a finales de enero, lo que implicaría la pérdida de su aforamiento.
En opinión de García y su defensa, la solución jurídica correcta, respetando los derechos fundamentales, sería inhibir al Supremo y enviar la causa completa a la Audiencia Nacional, devolviendo el caso al juez ordinario establecido por la ley tras la desaparición del aforamiento de Ábalos.
La no recusación de Sánchez Melgar
El escrito también critica que no prosperara la solicitud para recusar al magistrado Julián Sánchez Melgar, exfiscal general del Estado designado por el Partido Popular, en un proceso que califican de altamente politizado, dado que se investiga a un exministro y a su asesor vinculados al PSOE.
Se argumenta que el hecho de que un juez con pasado en la Fiscalía, nombrado bajo propuesta del partido rival (PP), participe en una causa en la que ese mismo partido actúa como denunciante y acusación popular, compromete la apariencia de imparcialidad ante el acusado y la opinión pública.
Según la defensa, la participación de Sánchez Melgar y de otros seis magistrados vulnera el derecho de Koldo a ser juzgado por un tribunal que brinde garantías suficientes para disipar cualquier duda legítima sobre la neutralidad política del tribunal.
También se añade que un observador imparcial reconocería que el nombramiento de Sánchez Melgar mediante un gobierno apoyado por el partido acusador es motivo suficiente para cuestionar la imparcialidad aparente.
Además, la letrada indica que se les ha obligado a "litigar en otro tribunal", es decir, la Audiencia Nacional, para poder ampliar pruebas que podrían perjudicarles durante el juicio oral en el Supremo, lo que implica para ellos afrontar el juicio sin una defensa completa.
Por último, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y siete años para Aldama, quien ha reconocido su participación en los hechos. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, solicitan 30 años para Ábalos y su exasesor, ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre, y la misma pena que el fiscal para Aldama.
