El Gobierno amplía ayudas a municipios para prevenir inundaciones tras la dana
Los municipios que sufrieron la DANA de octubre y noviembre de 2024 vuelven a situarse en el centro de la agenda pública. La meta es clara: acelerar la recuperación y, a la vez, reducir la exposición a nuevas inundaciones.
El mensaje que se traslada es que ya no basta con reparar. Conviene reconstruir con más seguridad y con visión de futuro, para que los servicios locales y las infraestructuras resistan mejor los impactos del cambio climático.
- Una orden que amplía el marco de ayudas
- Nuevos usos permitidos para las subvenciones
- Más coordinación para ejecutar y controlar
- Encaje en el plan de respuesta y relanzamiento
Una orden que amplía el marco de ayudas
El Gobierno de España refuerza su compromiso con las localidades afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y da un nuevo paso en reconstrucción y prevención ante futuras emergencias climáticas.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aprobado una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas ya concedidas. El objetivo es que las entidades locales puedan no solo arreglar los daños, sino también mejorar y adaptar infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones, según ha indicado el Ejecutivo en un comunicado.
La Orden TMD/1586/2025, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, introduce cambios sobre la Orden TMD/101/2025 y entra en vigor de forma inmediata. Con ello, el marco de subvenciones se ajusta al enfoque impulsado por el Gobierno: reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas ante los efectos del cambio climático.
Nuevos usos permitidos para las subvenciones
Mediante la Orden TMD/101/2025, el Ministerio concedió 1.745 millones de euros, abonados por anticipado, a 78 entidades locales: 77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia. La finalidad era financiar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios dañados por la riada, descrita como uno de los episodios meteorológicos más graves de la historia reciente.
Con la modificación normativa, el alcance de las ayudas se amplía para que también puedan dirigirse a la mejora y ampliación de infraestructuras municipales dañadas y a la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático.
Además, se habilita la posibilidad de impulsar la construcción de nuevas infraestructuras municipales orientadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones. También se contempla la adquisición de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas, así como la financiación de asistencia técnica para facilitar la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos.
Más coordinación para ejecutar y controlar
La orden también refuerza la coordinación institucional. A partir de ahora, el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana asume funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, tareas que hasta el momento realizaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Este ajuste de gobernanza busca agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y asegurar un control más eficaz de unas inversiones consideradas clave para la recuperación de los territorios afectados.
Encaje en el plan de respuesta y relanzamiento
La medida se integra en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Esta etapa pone el foco en el relanzamiento económico, la normalización de los municipios golpeados por la tragedia y la prevención ante futuras emergencias climáticas.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma la voluntad de no quedarse en la reparación y avanzar hacia un modelo de reconstrucción que proteja mejor a la ciudadanía, refuerce los servicios públicos y prepare a los municipios ante los retos climáticos del futuro. En este contexto, resulta prioritario que las administraciones locales impulsen cuanto antes los proyectos previstos y orienten cada actuación a reducir riesgos reales.
