Meta mantiene ilegalidad en su última propuesta sobre consentimiento para anuncios
El reciente modelo 'Consiente o paga' de Meta, que ofrece a los usuarios la opción de pagar por una experiencia sin anuncios o bien aceptar publicidad personalizada o menos personalizada, sigue violando la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (UCPD), según el análisis de la Organización Europea de Consumidores (BEUC).
Según un comunicado emitido por la Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), esta modalidad presentada por Meta en enero de 2026 no garantiza un consentimiento libre, específico, informado y claro de los usuarios para aceptar o rechazar anuncios personalizados, lo que representa un problema importante debido al gran volumen de datos personales que recopila la compañía.
- Deficiencias del modelo de Meta
- Reacciones de las entidades de consumo
- Llamado a las autoridades europeas
Deficiencias del modelo de Meta
Las organizaciones de consumidores destacan que la presentación de las opciones por parte de Meta, junto con el uso de un lenguaje no neutral, incitan a los usuarios a elegir la alternativa que incluye anuncios altamente personalizados. En este aspecto, consideran que el sistema 'Consiente o paga' no cumple con los requerimientos establecidos por el DMA, el RGPD ni la UCPD.
Reacciones de las entidades de consumo
CECU y Asufin se han unido al llamado de BEUC para que la Comisión Europea y las autoridades pertinentes aseguren que Meta adecúe su modelo a la legislación europea de manera inmediata. Ambas organizaciones también sugieren que, en caso de ser necesario, la Comisión debe aplicar sanciones económicas periódicas para lograr que Meta elimine estas prácticas.
El director de CECU, David Sánchez, señaló que la posición dominante de Meta le ha permitido desde 2023 evadir el cumplimiento de las normativas europeas sin mayores repercusiones. Según Sánchez, el interés legítimo de una compañía no debe prevalecer sobre las normativas vigentes y los derechos de las personas usuarias.
Llamado a las autoridades europeas
Sánchez añadió que las autoridades deben sancionar a quienes intentan eludir las reglas mediante estrategias engañosas. Pidió transparencia y cumplimiento normativo a Meta y urgió a los organismos reguladores a ser rigurosos en la aplicación de las leyes.
Por su parte, Patricia Suárez, presidenta de Asufin, afirmó que la denuncia contra Meta responde a una práctica reiterada de publicidad poco clara que perjudica a los consumidores. Esta falta de transparencia y la ausencia de información accesible sobre los criterios de segmentación colocan a los usuarios en desventaja, vulnerando su derecho a recibir información veraz y a tomar decisiones informadas y libres.
Suárez explicó que no se trata solo de incumplimientos internos, sino de una conducta que afecta la confianza en el entorno digital y demanda una respuesta firme para proteger los derechos de los usuarios.
