La Guardia Civil denuncia a Interior la falta de medio contra las narcolanchas

La muerte de dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha el pasado viernes en Huelva ha generado una profunda indignación entre los agentes que combaten el narcotráfico en el Estrecho. Desde hace años, estos profesionales vienen reclamando más recursos humanos y materiales que, aseguran, no están llegando. El Ministerio del Interior anunció que en 2026 se destinarán 38,2 millones de euros al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, cifra que representa un incremento de 1,3 millones respecto al año anterior. Sin embargo, los efectivos en el terreno sostienen que esos fondos apenas se están traduciendo en mejoras visibles para las comandancias.

1. Problemas en la interceptación de narcolanchas
2. Garantías jurídicas para el uso de armas
3. Petición de medios no letales y déficit de personal
4. Unidad dedicada al narcotráfico y otras reivindicaciones
5. Crisis en la lucha contra el narcotráfico

Agustín Domínguez, portavoz de JUCIL en Cádiz, denunció que "la lucha contra el narcotráfico no admite ese tipo de maquillaje. El discurso político está muy alejado de la realidad que nosotros vemos en el día a día porque a nivel operativo no están llegando recursos". Por su parte, Diego Madrazo, responsable de la Secretaría de Relaciones Institucionales de AUGC, explicó que, a pesar del aumento presupuestario, las condiciones no han mejorado desde la muerte de dos compañeros en Barbate en febrero de 2024 hasta la reciente tragedia. Además, lamenta que Interior no haya cumplido las recomendaciones hechas hace un año por la comisión del Parlamento Europeo, que pidió "reforzar urgentemente las condiciones de seguridad y las garantías jurídicas" para los agentes.

Problemas en la interceptación de narcolanchas

Las dos asociaciones mayoritarias de la Guardia Civil señalan como uno de los principales obstáculos la insuficiencia de medios para interceptar las narcolanchas, responsables de la muerte de cuatro agentes en total. Madrazo recordó que desde AUGC han solicitado que las embarcaciones semirrígidas del servicio marítimo sean adaptadas con cabinas para reducir la mortalidad en estos enfrentamientos, pero que Interior insiste en no proporcionar los recursos necesarios: "Están mandando a los compañeros a morir". Añadió que muchas de las embarcaciones actuales han superado su vida útil y no son idóneas para perseguir a estos vehículos rápidos.

Domínguez afirmó que pese a la adquisición de nuevas embarcaciones, la cantidad sigue siendo "claramente insuficiente" para cubrir el vasto litoral de la zona. Explicó que actualmente solo hay 6 o 7 embarcaciones para patrullar aproximadamente 400 kilómetros de costa entre Huelva, Cádiz y parte de Málaga, un territorio complejo marcado por marismas y la desembocadura del Guadalquivir. Indicó que cada comandancia debería contar con una cantidad similar de embarcaciones y tripulación especializada, ya que en alta mar puede haber hasta un centenar de narcolanchas listas para operar.

Garantías jurídicas para el uso de armas

Otro problema destacado es la falta de garantías jurídicas para que los agentes puedan utilizar armas de fuego durante las interceptaciones. Según los representantes sindicales, es necesario poder emplear armas largas para disparar a los motores de las narcolanchas, maniobra vital para detenerlas debido a su velocidad que puede alcanzar los 60 nudos. Domínguez explicó que esta táctica requiere el uso de helicópteros y francotiradores, pero los agentes no están dispuestos a llevarla a cabo sin protección legal suficiente.

Madrazo advirtió que el narcotráfico cada vez opera con mayor audacia, transportando armas y munición de guerra en las narcolanchas, mientras que los agentes se sienten desamparados jurídicamente. Añadió que responder al fuego puede implicar graves consecuencias legales para ellos, incluido el riesgo de expulsión o ser juzgados por homicidio en grado de tentativa o lesiones, a pesar de que un juez pueda absolverlos en el futuro. Este proceso, dijo, conllevaría años de problemas y estrés.

Petición de medios no letales y déficit de personal

En línea con estas preocupaciones, los agentes también reclaman la incorporación de medios no letales para afrontar las persecuciones marítimas. El responsable de AUGC destacó que actualmente solo existen dos opciones para enfrentarse al narcotráfico: el uso del arma de fuego, que puede vulnerar los principios de proporcionalidad y congruencia, o las maniobras de interceptación, que son altamente peligrosas. Señaló que existen alternativas como lanzaredes capaces de enredar las hélices, balas de foam o dispositivos lumínicos que permitirían detener las embarcaciones sin poner en riesgo vidas, pero lamentó que no se estén dotando con estos materiales.

A pesar de las afirmaciones oficiales sobre el refuerzo de plantillas dentro del Plan Especial de Seguridad, las asociaciones denuncian un déficit crónico de personal dedicado al narcotráfico. Calculan que solo en las comandancias de Cádiz y Algeciras hacen falta alrededor de 500 guardias civiles, y que en Huelva se requieren otros 300 agentes. Subrayaron que ya hay escasez de efectivos para cubrir los servicios ordinarios y la delincuencia común, por lo que investigar el narcotráfico resulta todavía más difícil.

Unidad dedicada al narcotráfico y otras reivindicaciones

Los agentes critican también el desmantelamiento de la OCON Sur, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, que fue eliminada en 2022 por decisión del Ministerio del Interior, pese a los buenos resultados obtenidos. Reclaman que esta unidad o una similar sea restablecida, ya que consideran que se desmanteló para ahorrar costes. Destacan la necesidad de mantener una unidad dedicada exclusivamente al narcotráfico, independiente de la estructura general de las comandancias.

Entre las demandas históricas figura también que la profesión de guardia civil sea reconocida oficialmente como de riesgo y que la zona del Campo de Gibraltar sea declarada Zona de Especial Singularidad (ZES), lo cual implicaría medidas y recursos específicos para hacer frente a la creciente criminalidad vinculada al tráfico de drogas.

Crisis en la lucha contra el narcotráfico

En un comunicado emitido tras el fallecimiento de los dos agentes en Huelva, JUCIL advierte que, si el Ministerio del Interior no actúa con rapidez y decisión, España podría ser percibida como un Estado fallido en ciertas áreas del sur peninsular. En dichas zonas, las narcolanchas operan con libertad, los guardias civiles mueren en servicio, la droga se extiende, la criminalidad aumenta y las organizaciones criminales consolidan estructuras logísticas complejas y permanentes. Señalan que esta situación es la consecuencia directa de años de falta de medios, ausencia de voluntad política y una estrategia insuficiente contra el narcotráfico.

Finalmente, las asociaciones profesionales han criticado la ausencia del ministro Marlaska en el funeral de los agentes fallecidos en Huelva, ceremonia a la que tampoco acudió otro representante del Gobierno. Desde AUGC reprochan que en lugar de acompañar en esos momentos a los compañeros, el ministro estaba "más interesado en la promoción internacional de la gestión del hantavirus". Añaden que, aunque probablemente quiso evitar abucheos, "tendría que haber aguantado el chaparrón como nosotros aguantamos los féretros".