Hacienda informa al juez sobre posibles irregularidades en contratos de Adif y Carreteras en el caso Koldo
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha presentado al juez encargado del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional un informe detallando posibles anomalías en la adjudicación de contratos públicos de Adif y la Dirección General de Carreteras.
Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un examen de 11 contratos —cinco correspondientes a Adif y seis a Carreteras— según lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.
Se recuerda que tanto la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, como el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, están siendo investigados por el magistrado Ismael Moreno, debido a presuntas irregularidades en el marco del 'caso Koldo'.
- Contratos de Adif bajo la lupa
- Modificaciones y aumentos significativos en los precios
- Evaluación basada en juicios de valor
- Análisis de contratos de carreteras
Contratos de Adif bajo la lupa
De los cinco contratos estudiados en Adif, tres corresponden a adjudicaciones a Acciona, ya sea de forma individual o en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Ferrovial Agroman S.A. En estos tres casos, la IGAE detecta características comunes.
En dichos contratos, los criterios claves para la adjudicación fueron juicios de valor, y en dos de los contratos, salvo para un licitador, la diferencia en puntuación por estos criterios no podía ser compensada con la obtenida en los basados en fórmulas numéricas.
Antes de iniciar la ejecución, el contratista alertó de diversos defectos que llevaron a tramitar modificaciones en el proyecto.
Modificaciones y aumentos significativos en los precios
Las tres modificaciones introducidas implicaron un aumento del precio cercano al 20%, incumpliendo todas ellas la normativa vigente sobre modificaciones de contratos.
Respecto al proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en Murcia, diez candidaturas participaron en la licitación donde se valoraron 40 puntos basados en juicios de valor, y 60 en criterios con fórmulas. Según el informe, fueron los juicios de valor los que definieron el resultado.
La UTE con Acciona obtuvo 36,17 puntos en este criterio, superando en 3,04 puntos al segundo mejor y por más de 5 puntos al resto de competidores.
Evaluación basada en juicios de valor
En la diferencia de puntuación basada en precio, la mejor oferta no fue considerada temeraria, y la peor solo perdió en 6,18 puntos respecto a la competencia. Esto dejaba pocas posibilidades de adjudicación a la mayoría de los licitantes.
En el caso del proyecto de soterramiento entre Estación y Barriomar en Murcia, la UTE de Acciona y Ferrovial fue adjudicataria entre doce ofertas, fundamentándose en la valoración por juicios de valor con una diferencia de 5,88 puntos sobre la segunda mejor oferta.
La IGAE apunta que este proyecto debió tratarse como una modificación de otro proyecto previo, no como uno independiente, para evitar superar el 20% de incremento presupuestario, pues superar ese límite requeriría el dictamen del Consejo de Estado. Esta maniobra permitió evitar dicha revisión exigida.
Análisis de contratos de carreteras
De los seis contratos analizados en carreteras, dos fueron adjudicados a Acciona Construcción en UTE con otras empresas. En estos, al igual que en otros tres contratos de Adif y Adif Alta Velocidad, se produjeron modificaciones que elevaron el presupuesto en torno al 20%.
Un ejemplo es la construcción de tirantes del Puente Centenario de Sevilla, cuya obra original de 71 millones de euros aumentó en 13,5 millones, un 19,02% extra. Similar fue el caso de la autovía A-68, entre Arrúbal y Navarrete, donde el coste pasó de 92 millones a incrementarse en 18,46 millones tras dos modificaciones, lo que representa un aumento del 19,98%.
Además, la IGAE detectó que en algunos contratos, como el tramo de la autovía A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, así como en el Puente Centenario, la puntuación otorgada por funcionarios carecía de justificación formal y estaba acompañada por documentación sin firma, según el análisis del órgano de Hacienda.
