martes. 06.12.2022

El Pleno del Senado debatirá y someterá a votación este miércoles la Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente quedará aprobada ya de manera definitiva esta misma semana después de que la Comisión Constitucional rechazara los vetos presentados por PP, Vox, Ciudadanos y UPN.

Una de las incógnitas de la votación será el sentido del voto de ERC, que votó a favor en la Comisión Constitucional que aprobó el dictamen, aunque en el Congreso decidió abstenerse.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en 'la nevera' al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Fue el pasado mes de junio cuando el proyecto se sacó del cajón para reactivar la tramitación, una vez que PSOE y Unidas Podemos habían acercado posturas con otras formaciones minoritarias. Así, la Ley de Memoria Democrática superó la fase de ponencia tras introducirse varias enmiendas pactadas con Bildu, PNV, el PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

VICTIMAS HASTA 1983, 5 AÑOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN

El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.

En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas "por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983". Ese estudio deberá recoger "posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo".

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura". Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma "objetiva e imparcial".

Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.

ILEGALIDAD DE LOS TRIBUNALES FRANQUISTAS

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.

Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara "ilegal" el régimen franquista y reconoce expresamente que "las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" alumbraron la democracia.

Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la "represión y persecución" cultural y lingüística del franquismo, declarando "víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega".

Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.

SIN COMPARECENCIAS

Sin embargo, la Mesa de la Comisión Constitucional decidió finalmente rechazar las comparecencias que había solicitado el PP de personalidades "relevantes" de la Transición, como los exministros Rodolfo Martín Villa o Rafael Arias Salgado, para que emitan su opinión sobre esta norma.

En concreto, reclamaban la presencia de Rodolfo Martín Villa; Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja Aguirre; Soledad Becerril Bustamante; Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona; y Carmela García-Moreno Teixeira, varios de ellos miembros de gobiernos de Adolfo Suárez.

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