El Partido Popular propone una ley para desalojar a los okupas en 24 horas
El PP promete que su primera proposición de Ley en el Senado será contra la Okupación de viviendas
El Partido Popular ha revelado su intención de impulsar en el Senado una Ley Antiokupación que permita el desalojo de viviendas en un plazo de 24 horas, a pesar de la falta de actividad significativa en las oficinas creadas con este propósito en algunas comunidades. Esta será la primera propuesta de ley presentada por el PP en la sesión inaugural de la Cámara Alta, con el objetivo de establecer una normativa de tolerancia cero ante la "okupación ilegal".
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, explicó que la iniciativa surge de la preocupación de la sociedad española ante el aumento del fenómeno de la okupación ilegal en un 37% desde 2018, según datos del Ministerio del Interior.
El PP, retomando un tema central de la legislatura anterior, indicó que su proyecto de ley busca combatir la "okupación ilegal", un problema grave que requiere un marco jurídico preciso, basado en la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección de la propiedad privada y de las personas en situación vulnerable.
La medida principal de la normativa establece el desalojo de la vivienda en un plazo de 24 horas, de forma voluntaria una vez que la autoridad judicial lo requiera. En caso contrario, después de transcurridas 24 horas, se permitirá el desalojo de manera forzosa.
La propuesta del PP también impide que los okupas puedan empadronarse en la vivienda y aumenta las penas del Código Penal por okupación. El partido busca garantizar que "los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal" y proteger de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, al tiempo que combate activamente las mafias que se benefician de la ocupación ilegal.
No obstante, el PP subraya que las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivos de vivienda no deben confundirse con la okupación ilegal. Se enfatiza que "a un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos".
