Policías y guardias civiles protestan en Madrid por igualdad salarial y riesgo profesional
La movilización masiva registrada frente a la insuficiente respuesta del Ministerio del Interior para igualar las condiciones de jubilación de policías nacionales y guardias civiles con las de Mossos y Ertzaintza ha sido calificada como un auténtico "éxito".
En Madrid, cientos de agentes marcharon este sábado por el centro de la ciudad, desde la emblemática Puerta del Sol hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados. La manifestación fue organizada por los sindicatos Jusapol y Jupol, junto con la asociación de guardias civiles Jucil, que señalaron la presencia de aproximadamente 15,000 participantes y enfatizaron el firme compromiso del colectivo que exige el fin de los incumplimientos reiterados del Gobierno.
Durante la lectura del manifiesto, Miguel Gómez, presidente de Jusapol, criticó duramente al Ejecutivo, al que acusó de incumplir una obligación legal tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la jubilación anticipada para policías nacionales. "Hoy hemos salido a defender nuestra dignidad y exigir un derecho legítimo. Reclamamos el respeto a una sentencia firme y el fin inmediato de una discriminación inaceptable", expresó.
Movilización y demandas principales
Gómez puntualizó que la situación actual es producto de una decisión política que mantiene desigualdades entre los diferentes cuerpos policiales. "Mientras se gastan millones para garantizar derechos a policías autonómicos, la Policía Nacional y la Guardia Civil quedan marginadas. No puede haber agentes de primera y segunda categoría. Nuestro esfuerzo y riesgo merecen igual reconocimiento y trato", enfatizó.
Por su parte, Aarón Rivero, secretario general de Jupol, advirtió al Ministerio del Interior que la paciencia del colectivo se ha agotado por los constantes retrasos y la nula voluntad política. "La jubilación anticipada es un derecho reconocido judicialmente y no permitiremos más bloqueos. Si no hay respuesta, volveremos a salir a las calles todas las veces que sea necesario", alertó.
Rivero también resaltó el agravio comparativo existente, denunciando que, mientras otros cuerpos perciben inversiones millonarias para su jubilación, a la Policía Nacional solo reciben "silencio y demoras", calificando la situación como "vergonzosa e insostenible". La equiparación salarial, afirmó, sigue sin materializarse, y reclamó el reconocimiento urgente de la labor policial como profesión de riesgo, sin justificaciones para continuar con esta negación.
Ángel Lezcano, secretario general de Jucil, apuntó que no renunciarán a la lucha, independientemente del gobierno que esté en el poder, hasta lograr justicia para sus miembros.
Los organizadores coincidieron en que esta manifestación marca un punto clave en la lucha del sector y anunciaron la continuidad de acciones de presión social, institucional y judicial para alcanzar sus metas. "Esta unidad y fortaleza demuestra que la lucha continúa hasta conseguir igualdad y respeto para todos los policías y guardias civiles", destacaron.
Además, se agradeció la colaboración y apoyo de los miembros de Csif, sindicato mayoritario en la función pública, ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española) y otras entidades como Nuestro Corazón por Bandera y Una Policía para el Siglo XXI, que se sumaron a la protesta.
Críticas al borrador del Ministerio del Interior
Los principales sindicatos de la Policía Nacional anunciaron la continuidad de sus movilizaciones debido a la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio del Interior sobre la jubilación anticipada, tras la reunión del Pleno del Consejo de la Policía. Se convocó a próximas mesas técnicas para tratar de igualar las condiciones de jubilación con las de Mossos d’Esquadra y Ertzaintza en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que favorece a los agentes incluidos en la Seguridad Social.
El proyecto de real decreto presentado para regular la jubilación anticipada fue recibido con duras críticas por parte de las organizaciones policiales, quienes argumentan que excluye a todos los guardias civiles y a cerca de dos tercios de los policías nacionales adscritos a clases pasivas, principalmente a quienes ingresaron en el cuerpo antes de 2011.
El Ministerio del Interior sostiene que se trabaja en colaboración con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para avanzar en estos temas, y recordó que ya se ha implementado el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018, con una inversión superior a los 800 millones de euros, que ha supuesto un incremento salarial medio del 40%.
