Reportan 150.000 menores irregulares en 2020: "No podrán regularizarse todos"
Regularización extraordinaria para menores migrantes
Save The Children ha valorado positivamente el nuevo real decreto que regula la regularización extraordinaria de migrantes, aprobado recientemente en el Consejo de Ministros. Esta medida promete mejorar las condiciones de vida de miles de niños y niñas que viven en España en situación irregular. Según datos de 2020, cerca de 150.000 menores de 19 años se encontraban en esta situación, aunque la organización lamenta que no todos podrán beneficiarse directamente, ya que dependerán de que sus padres sean regularizados.
La directora de influencia y desarrollo territorial de Save The Children, Catalina Perazzo, ha subrayado que permitir que estos niños y niñas regularicen su estatus es una obligación de cualquier estado de derecho. Este cambio no solo aporta estabilidad a sus familias al facilitar acceso a ayudas y empleo, sino que también asegura el pleno disfrute de derechos fundamentales como educación, salud y protección social.
Según el informe 'Crecer sin papeles en España', elaborado en 2021 por Save The Children, aproximadamente la mitad de esos menores irregulares eran menores de 10 años, situación que afecta gravemente su bienestar y oportunidades.
La organización confía en que esta regularización facilitará un acceso sin barreras a servicios esenciales y mejorará la calidad de vida de miles de niños, aunque lamenta que el reglamento no permita que los menores se acojan directamente al proceso de regularización.
Durante la elaboración del Real Decreto que modifica la Ley de Extranjería, Save The Children mantuvo un diálogo constante con la administración, buscando maximizar el número de beneficiarios entre la población infantil. No obstante, la ONG insiste en la necesidad de que los niños puedan acceder a la regularización de manera independiente, sin depender de la situación de sus padres.
Finalmente, esta petición no fue incluida en el texto, por lo que la posibilidad de regularización para los menores dependerá de que sus progenitores puedan acogerse a la medida.
Sin embargo, cabe destacar que, tras un recurso de Save The Children ante el Tribunal Supremo, se consiguió eliminar del reglamento el mecanismo de silencio administrativo negativo para los menores tutelados. Esto significa que si la administración no responde en un mes, la falta de respuesta no se interpretará como una denegación automática.
Perazzo resalta que la situación administrativa no es decisión de los niños, pero sí afecta profundamente su infancia y futuro. Por ello, defiende que el reglamento debería ofrecer vías directas para garantizar la estabilidad legal de los menores.
Para los niños y niñas que puedan acogerse a esta medida, el nuevo estatus legal representará un avance significativo en su calidad de vida, facilitando la continuidad en sus estudios y el acceso a becas o formación fuera de la educación obligatoria.
