Magistrada de El Bocal señala que conservar la pasarela correspondía a Costas

Pasarela siniestrada de El Bocal
Pasarela siniestrada de El Bocal
  1. Investigan a dos funcionarios por mantenimiento deficiente de la pasarela en El Bocal
  2. Posible negligencia en las reparaciones realizadas en 2024
  3. Responsabilidad del Ayuntamiento en la seguridad del espacio público

Investigan a dos funcionarios por mantenimiento deficiente de la pasarela en El Bocal

La tragedia ocurrida el 3 de marzo en la playa de El Bocal, Santander, donde seis personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida, ha llevado a que la jueza Rosa Martínez tome medidas contra responsables de la Demarcación de Costas en Cantabria. Esta entidad forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La magistrada ha decidido iniciar acciones penales contra el jefe de la Demarcación en Cantabria, José Antonio Osorio, y el jefe del Servicio de Proyectos y Obras. Ambos funcionarios están vinculados directamente con la ejecución y mantenimiento de la senda costera y pasarela siniestrada.

En un auto divulgado recientemente, se destaca que la Demarcación de Costas es la única entidad responsable del mantenimiento y conservación de las obras no finalizadas en la senda peatonal, incluyendo la pasarela afectada. La jueza señala que las obras comenzaron en 2012, pero no llegaron a concluirse, situación que dejó la responsabilidad exclusivamente en la Demarcación.

Posible negligencia en las reparaciones realizadas en 2024

Se señala que, aunque se realizó una reparación en verano de 2024, esta solo abarcó la estructura de madera de la pasarela. Un informe de la Policía Científica concluyó que los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que esa reparación fue insuficiente y posiblemente negligente.

La jueza ha solicitado ampliar el informe pericial para aclarar si dicha intervención en julio de 2024 cumplió con los requisitos para garantizar la seguridad de la infraestructura. Además, se considera que existen fuertes indicios de que los encargados del mantenimiento no cumplieron adecuadamente con sus responsabilidades.

El auto recalca que era evidente que la Demarcación debía conservar el estado de la obra, dado que la misma permaneció abierta al público general desde 2014 sin restricciones, a pesar de no estar finalizada o recepcionada por el Ayuntamiento santanderino.

Responsabilidad del Ayuntamiento en la seguridad del espacio público

Aunque el mantenimiento es competencia de Costas, el Ayuntamiento de Santander tiene potestad administrativa para actuar en materia de seguridad en espacios accesibles al público. Así, ante la detección de un riesgo, está obligado a señalizar, acotar o precintar la zona afectada, incluso si la infraestructura pertenece a otra administración.

Por esta razón, la jueza ha pedido a la Policía Judicial que recabe pruebas sobre el estado visible de deterioro de la pasarela antes del colapso. Esto incluye la recopilación de fotografías, testimonios de usuarios habituales y la declaración de vecinos, entre ellos una representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte.

Estas diligencias buscan esclarecer si el riesgo era perceptible y si existieron omisiones en la actuación municipal, dado que la pasarela estaba incluida en rutas turísticas y senderos promovidos por el Ayuntamiento.