El máximo responsable de la Policía Nacional dimite tras querella por presunta agresión sexual con penetración a una subordinada
La dimisión de José Ángel González como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha dado paso a que Gemma Barroso, quien ocupa la subdirección general de Recursos Humanos, tome las riendas al frente del cuerpo. Esta decisión surge tras la apertura de una investigación por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que ha comenzado a indagar sobre una denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por una subordinada.
Desde el Ministerio del Interior se ha confirmado que González comunicó formalmente su intención de abandonar el cargo, proceso que se hará efectivo en breve. El oficial ingresó en la Policía Nacional en 1984 y, desde 2018, estuvo al mando de la dirección operativa bajo la supervisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general Francisco Pardo Piqueras.
En noviembre de 2024, se revocó la jubilación de González tras alcanzar los 65 años con el fin de que pudiera continuar en sus funciones, una medida criticada tanto por la oposición como por sectores internos de la Policía. Conforme a la Orden 859/2023, que establece la organización y competencias de la Dirección General de la Policía, la sustitución ante una vacante recae en primer lugar en la subdirectora general de Recursos Humanos, seguida por las áreas de Logística e Innovación y el Gabinete Técnico, respectivamente.
- Nueva jefatura en la Policía
- Denuncia y causas judiciales
- Detalles del incidente denunciado
- Campaña de acoso posterior
Nueva jefatura en la Policía
Tras la renuncia de José Ángel González, Gemma Barroso Villarreal asumirá la Dirección Adjunta Operativa. Barroso, que ocupa desde octubre de 2024 la subdirección general de Recursos Humanos y Formación, posee una trayectoria profesional centrada principalmente en áreas operativas, destacando su labor en Policía Científica y el área de Información.
La designación de Barroso al frente operativo responde a la normativa vigente y asegura la continuidad de la gestión, especialmente en estos momentos en que el cuerpo policial atraviesa una situación delicada a nivel interno y público.
Denuncia y causas judiciales
La renuncia de González coincide con la apertura de una investigación judicial tras la aceptación por parte de un juzgado madrileño de una querella que le imputa un posible delito de agresión sexual. La denunciante, agente de la Policía Nacional, está citada a declarar el 17 de marzo a las 10:30 horas. El juez a cargo ha considerado necesaria la instrucción del caso para esclarecer los hechos denunciados, bajo la competencia de esta jurisdicción.
Según el abogado de la denunciante, la querella incluye acusaciones que van desde agresión sexual a coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos, todos ellos agravados por abuso de superioridad. Además, se señala que existió una relación sentimental entre la víctima y González, marcada por una evidente disparidad en la relación de poder dada la posición jerárquica de este último.
Detalles del incidente denunciado
De acuerdo con la denuncia, la ruptura fue decidida por la funcionaria, lo que desencadenó un comportamiento obsesivo por parte de González. En la mañana del 23 de abril de 2025, mientras la agente estaba de servicio en la comisaría de Coslada, el acusado insistió en que acudiera a su encuentro, utilizando incluso un vehículo oficial para llevarla a un restaurante donde se encontraba en compañía de otro comisario.
Tras compartir un rato en el establecimiento, ambos se trasladaron a un domicilio, donde la mujer expresó repetidamente su incomodidad e intención de marcharse. Sin embargo, González insistió en que permaneciera, procediendo a realizar avances de índole sexual que fueron rechazados de forma constante, según consta en la querella presentada.
Cconforme a información publicada por The Objective, que ha tenido acceso al documento judicial, el juez David Yehiel Maman, del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, ha admitido a trámite la querella que acusa al exalto mando policial de delitos graves. González ha sido citado a declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla el 17 de marzo, misma fecha en la que está convocada la presunta víctima.
La querella detalla que los hechos ocurrieron en una vivienda oficial perteneciente al Ministerio del Interior, adonde la agente habría sido presionada para acudir durante su jornada laboral. Allí, aprovechándose de su cargo y autoridad, González supuestamente agredió sexualmente a la funcionaria sin su consentimiento, provocando un cuadro de ansiedad que derivó en una baja psicológica.
Según The Objective, la denunciante posee una grabación en la que un mando policial le habría ofrecido “un destino a elegir” a cambio de no interponer denuncia, presentada como prueba de presuntas coacciones. La querella también incorpora acusaciones de malversación de fondos públicos relativos al uso irregular de la vivienda oficial, conforme a la misma fuente.
Campaña de acoso posterior
La documentación judicial afirma que González habría adoptado una actitud agresiva tras el incidente, haciendo uso de la violencia física y las amenazas. Se aprovechó del aislamiento, su predominancia física y autoridad institucional para intentar consumar la agresión. La víctima logró huir y regresar a la comisaría, posteriormente a su residencia.
Además, el escrito detalla una campaña persistente de acoso y manipulación psicológica mediante llamadas telefónicas, cuyo objetivo era controlar a la denunciante, minimizar lo ocurrido y hacerla culpable, con la intención también de disuadirla de presentar denuncia. En paralelo, se mencionan ofrecimientos de beneficios laborales a cambio de su silencio.