El máximo responsable de la Policía Nacional dimite tras querella por presunta agresión sexual con penetración a una subordinada
Tras la renuncia de José Ángel González al cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos, asumirá el mando máximo del cuerpo. La salida se produce luego de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid decidiera investigarle por una denuncia de presunta agresión sexual contra una subordinada.
El Ministerio del Interior ha confirmado que González comunicó su intención de dimitir, trámite que será formalizado en las próximas horas. González ingresó en la Policía Nacional en 1984 y desde 2018 había ejercido como máximo responsable operativo del cuerpo, bajo la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska y el director general Francisco Pardo Piqueras.
En noviembre de 2024 se anuló su jubilación al cumplir 65 años, para que pudiera continuar en su puesto, decisión que generó críticas por parte de la oposición y algunos sectores dentro de la Policía. Según la Orden 859/2023, que regula la estructura y funciones de la Dirección General de la Policía, en caso de vacante, el mando recaerá en la subdirectora general de Recursos Humanos primero, seguida por responsables de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico, respectivamente.
- Nueva jefatura en la Policía
- Denuncia y causas judiciales
- Detalles del incidente denunciado
- Campaña de acoso posterior
Nueva jefatura en la Policía
Gemma Barroso Villarreal, en el cargo desde octubre de 2024 como subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, será quien asuma la Dirección Adjunta Operativa tras la dimisión de José Ángel González. La funcionaria ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en áreas operativas, concretamente en Policía Científica e Información.
Denuncia y causas judiciales
La renuncia de González se da después de que un juez de Madrid decidiera citarlo como investigado tras aceptar una querella que le acusa de un presunto delito de agresión sexual. La víctima, una funcionaria de la Policía Nacional, está citada a declarar el próximo 17 de marzo a las 10:30 horas. El magistrado señala que los hechos denunciados hacen necesaria la apertura de una instrucción para determinar la veracidad y gravedad de los mismos, siendo competencia de esta vía judicial.
El abogado de la denunciante apunta a posibles delitos que incluyen agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos, todos agravados por abuso de superioridad. La querellante tuvo una relación afectiva con González, donde se presenta un desequilibrio claro de poder debido al cargo que ocupaba el acusado.
Detalles del incidente denunciado
Según la denuncia, la relación terminó por decisión de la víctima, que fue seguida de una conducta obsesiva por parte de González. El 23 de abril de 2025, mientras la víctima prestaba servicio en la comisaría de Coslada, el acusado le solicitó reiteradamente que acudiera a su presencia, usando incluso un vehículo policial para trasladarla a un restaurante donde se encontraba acompañado por otro comisario.
Tras compartir un momento en el restaurante, ambos se dirigieron a una vivienda. A pesar de la incomodidad y el deseo de la mujer de irse, González insistió en que permaneciera. Dentro del inmueble comenzó un acercamiento de naturaleza sexual rechazado constantemente por la víctima, según consta en la querella.
Campaña de acoso posterior
La querella detalla que González habría iniciado un comportamiento agresivo caracterizado por violencia física y amenazas, aprovechándose del aislamiento, su superioridad física y autoridad institucional para intentar consumar la agresión. La víctima logró regresar a la comisaría y posteriormente a su domicilio, tras escapar del acusado.
Posteriormente, se describe una persistente campaña de acoso telefónico y manipulación psicológica por parte de González, dirigida a controlar a la víctima, minimizar la gravedad de los hechos, culpabilizarla y evitar que presentara denuncia. Además, se le habrían ofrecido compensaciones laborales a cambio de su silencio.
