Juez Pedraz asume caso de Leire Díez por supuestos amaños

<p> La UCO cree que los tres habrían cobrado 700.000 euros en comisiones por cinco operaciones distintas</p>
<p> MADRID, 15 (EUROPA PRESS)</p>
<p> El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz se hará cargo de la investigación contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, quienes habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.</p>
<p> Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el asunto --que sigue secreto-- ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 después de que el asunto fuera a reparto. Fue su compañero del Número 6, Antonio Piña --que se encontraba de guardia en ese momento--, el que tomó declaración a los tres investigados este sábado y acordó dejarles en libertad.</p>
<p> En una resolución dictada por el propio Piña, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado señala, a partir de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".</p>
<p> Según indica, para "la perfección de este sistema", los tres habrían actuado de manera coordinada con el objetiva "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", y canalizando los fondos principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.</p>
<p> Los investigadores sospechan, según la resolución, que la actividad de los investigados se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023"; se habría proyectado a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas", y habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar "la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones".</p>
<p> Al respecto, añade que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde diversas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI", que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.</p>
<p>EL RESCATE DE TUBOS REUNIDOS</p>
<p> La primera operación que mencionan es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.</p>
<p> Según se detalla, desde el grupo 'Hirurok' habrían realizado acciones de "intermediación" para que se otorgara esa ayuda, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".</p>
<p>SERVINABAR SOBRE LA SEDE DE MERCASA</p>
<p> Otra operación es la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa en favor de Servinabar, la empresa propiedad de Alonso y de la que sería socio el exdirigente socialista Santos Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros y que habría consistido en "la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública".</p>
<p> "Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo", añade, calificando de innecesaria la adjudicación.</p>
<p> Y señala que por parte de Mercasa se contrató a Servinabar para que emitiera "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede".</p>
<p>A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA ERIBERRI</p>
<p> La tercera adjudicación reseñada es una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros.</p>
<p> Para los investigadores, los miembros de 'Hirurok', a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Eriberri en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros.</p>
<p> "Haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales", agrega.</p>
<p>PAGOS DE ENUSA A UN DESPACHO DE ABOGADOS</p>
<p> El juzgado también recoge en la resolución supuestos pagos desde la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes.</p>
<p> Según explica, la operativa tuvo lugar cuando Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública, concretamente una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.</p>
<p> "Varios directivos de la mentada empresa pública" y el grupo de los investigados habrían tenido "la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enuna del despacho de abogados, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación", indica.</p>
<p> La contratación habría deparado sobrecostes "aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok" y "se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez" por 17.545 euros.</p>
<p> UNA AYUDA DE SEPIDES PARA FORESTALIA </p>
<p> Por último, en la resolución se menciona la concesión de un ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,32 millones de euros.</p>
<p> "Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo 'Hirurok'" que fueron canalizados, como en otras operaciones, través de la sociedad Mediaciones Martínez.</p>
<p>INVERSIONES INMOBILIARIAS EN MARBELLA Y JACA</p>
<p> El juzgado sostiene que la mayor parte de esos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), "presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados", si bien otra parte fondos fue "a los propios miembros del grupo de forma individual".</p>
<p> A ello añade que el volumen y forma de ingreso variaron según la persona, asegurando que el expresidente de la SEPI se habría hecho con "al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo".</p>
<p> La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.</p>

L.J.F.

Actualizado: 15/12/25 | 14:02 | Tiempo de lectura: 3 min.

Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican que Leire Díez, exmilitante socialista, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso, estarían ligados a un esquema de corrupción. Los tres imputados están siendo investigados por un presunto cobro de 700.000 euros en comisiones, operación que habría afectado a varias empresas públicas y entidades dependientes de SEPI a través de cinco transacciones distintas.

La pesquisa, clasificada hasta ahora como secreta, recayó en el Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien se hará cargo de la instrucción. Antes, los investigados habían declarado ante el juez Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción Número 6, quedando en libertad posteriormente.

Según las investigaciones de la UCO, Díez, Fernández y Alonso formarían parte de un grupo autodenominado "Hirurok". El modus operandi de este grupo sería dirigir expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, a través de su influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública. Para llevar a cabo su operación, los tres habrían trabajado de manera coordinada con el objetivo de obtener el máximo beneficio económico mediante el cobro de comisiones a través de la empresa Mediaciones Martínez.

Entre 2021 y 2023, es probable que la actividad de los investigados se desarrollara en distintos puntos del territorio nacional y llegara a varias administraciones públicas. Un indicativo de ello son las medidas de seguridad adoptadas para garantizar la discreción y confidencialidad de sus acciones.

Operaciones Detectadas

La investigación ha identificado cinco operaciones favorables a los intereses del grupo "Hirurok". En una de ellas, Tubos Reunidos logró un rescate de la SEPI por 112,8 millones de euros, por el cual el grupo cobró 114.950 euros.

Otra involucra a Servinabar, dirigida por Alonso y de la que Santos Cerdán, exdirigente socialista, es socio. Servinabar se adjudicó un contrato de Mercasa por 18.119,75 euros para gestionar el cambio de sede de la sociedad pública, hecho que el juzgado posteriormente catalogó como innecesario.

Además, el Parque Empresarial Principado de Asturias adjudicó a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente un contrato de 2,8 millones de euros. A cambio, Erriberri supuestamente les canalizó fondos por un total de 400.000 euros.

En otra operación, la empresa pública Enusa hizo pagos al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. Los investigados habrían decidido la contratación de este despacho para obtener un soporte jurídico para la operación y obtener un exceso de costos de aproximadamente la mitad del importe del contrato. Estos fondos habrían sido redirigidos hacia las sociedades de Hirurok y habría tenido lugar una serie de pagos al despacho Mediaciones Martínez por 17.545 euros.

Finalmente, Sepides otorgó a Arapellet, empresa perteneciente al grupo Forestalia, una ayuda de 17,32 millones de euros, por la cual el grupo "Hirurok" obtuvo 200.000 euros que, como en otras operaciones, fueron canalizados a través de Mediaciones Martínez.

El grueso de dichos fondos se utilizó en inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. El antiguo líder de la SEPI, se habría quedado con al menos 49.350 euros a través de una serie de transferencias de efectivo.

Esta causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Operaciones Detectadas

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