Koldo solicita al Constitucional suspender el juicio de las mascarillas en el Supremo y trasladarlo a la AN
Koldo García, exasesor ministerial, interpuso este martes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el auto emitido por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 3 de marzo. Dicho auto autorizaba el inicio del juicio por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, previsto para comenzar el 7 de abril, y su traslado a la Audiencia Nacional (AN).
En el mencionado recurso, al que tuvo acceso Europa Press, la abogada de García, Leticia de la Hoz, sostiene que se han vulnerado derechos fundamentales, argumentación que ya presentó ante el TS el 17 de marzo, aunque fue desestimada por el alto tribunal.
- Derechos fundamentales y competencia judicial
- La defensa y el acceso a las pruebas
- Acusaciones y peticiones de prisión
Derechos fundamentales y competencia judicial
El recurso detalla once preceptos constitucionales que, según la defensa, han sido vulnerados. Entre ellos destacan el derecho a la tutela judicial efectiva, la garantía de un juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la presentación de pruebas pertinentes.
Además, se indica que el Tribunal Supremo habría perdido su competencia para juzgar el caso tras la renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos a finales de enero, lo que implicaría la ausencia de aforamiento. La defensa critica que el TS haya priorizado los plazos procesales y la conveniencia judicial por encima de los derechos fundamentales de los acusados.
La defensa y el acceso a las pruebas
Leticia de la Hoz denuncia una situación de "indefensión a ciegas" al enfrentar un juicio oral sin haber podido examinar ni impugnar las pruebas tecnológicas que sostienen la acusación. La defensa ha solicitado acceso a las copias de los dispositivos móviles de los acusados, investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El recurso señala que la UCO realizó una interpretación parcial y fuera de contexto de los mensajes. La imposibilidad de examinar la fuente original dificulta que los peritos de la defensa elaboren una cronología verificable, analicen metadatos o revisen la coherencia temporal de las comunicaciones con el fin de desmontar las hipótesis policiales y aportar el contexto real de las conversaciones.
De esta manera, la defensa pretende verificar si las deducciones, no hechos constatados, que realiza la policía corresponden a la realidad, alegando una violación al derecho a la prueba y a la igualdad procesal debido a la restricción al acceso a datos originales, lo que también afecta la cadena de custodia electrónica.
El escrito señala la importancia de determinar cuándo comenzó la investigación forense para establecer si los cuerpos de seguridad iniciaron las pesquisas de manera indiscriminada o de forma clandestina, especialmente en relación con Ábalos, que entonces gozaba de aforamiento. Esto último podría constituir, a juicio de la defensa, una grave vulneración constitucional.
Acusaciones y peticiones de prisión
La defensa del exasesor sostiene que el relato acusatorio se basa en un pacto opaco y no oficial con el empresario Víctor de Aldama, también acusado, quien habría obtenido beneficios penales a cambio de incriminar a Koldo García.
Este acuerdo, según el recurso, crea una "verdad artificial" y coloca a la defensa en una desventaja notable desde el inicio del proceso. Asimismo, se denuncia que los presuntos beneficiarios de los delitos reciban una inmunidad indebida a cambio de testimonios en contra de otros implicados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama, que ha reconocido los hechos.
Por otra parte, las acusaciones populares, encabezadas por el PP, piden 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, quienes permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre, mientras para el empresario reclaman la misma condena que la Fiscalía.
