La regularización permitirá viajar por la UE, pero no residir ni trabajar
Las personas migrantes que obtengan la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno podrán desplazarse por el espacio Schengen en calidad de turistas, con un máximo de 90 días dentro de un periodo de seis meses. Ese desplazamiento no habilita para fijar residencia ni para trabajar fuera de España.
El marco descrito se apoya en la normativa europea y española sobre permisos de residencia, así como en las aclaraciones realizadas en el ámbito comunitario tras el anuncio del proceso extraordinario de regularización.
- Movilidad en Schengen con residencia española
- Posición de la Comisión Europea
- Regularización y alcance en España
- Pacto europeo y movimientos secundarios
- Tramitación del real decreto
- Condiciones y requisitos del proceso
Movilidad en Schengen con residencia española
El abogado de Accem Francisco José Rojo ha señalado que, conforme a la legislación europea y española, quienes disponen de una autorización de residencia en España pueden residir y trabajar únicamente en territorio español. Se trata de un permiso nacional, sin efectos automáticos para establecerse laboralmente en otros Estados miembros.
En ese contexto, el derecho que sí se mantiene es el de viajar como turista dentro del espacio Schengen (países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), respetando el límite de 90 días en seis meses, sin que ello suponga autorización para residir ni para trabajar en esos países.
Posición de la Comisión Europea
Estas precisiones se han conocido después de que la Comisión Europea advirtiera a España de que, aunque la regularización extraordinaria es una competencia del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben garantizar que su aplicación no genere consecuencias negativas en el resto de países de la Unión Europea.
Durante un debate en el Parlamento Europeo, el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, indicó que un permiso de residencia no equivale a una autorización ilimitada para desplazarse por toda la Unión. También recordó que existen reglas aplicables a los planes nacionales de regularización.
Entre esas reglas, se expuso que, si se localiza a una persona beneficiaria residiendo de forma ilegal en otro Estado miembro, debe regresar al país en el que se concedió el permiso.
Regularización y alcance en España
En relación con el impacto en otros países, Rojo ha defendido que el proceso de regularización no tendría por qué repercutir en el resto de Estados europeos. Según lo planteado, la medida se orienta a personas cuyo proyecto migratorio se desarrolla en España.
El objetivo del procedimiento, según lo expuesto, es permitir que quienes cumplan los requisitos puedan avanzar hacia una situación de legalidad y acceder al empleo en condiciones equivalentes a las del resto de residentes en España, con afiliación a la Seguridad Social y contrato de trabajo conforme a la normativa.
Pacto europeo y movimientos secundarios
Rojo también ha indicado que la regularización extraordinaria no tiene por qué traducirse en un aumento de desplazamientos, y ha citado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el 12 de junio de 2026, con el objetivo de reducir los llamados movimientos secundarios.
En concreto, se recoge que las personas solicitantes de asilo deben presentar la solicitud de protección internacional en el país de la Unión Europea de primera entrada y permanecer allí hasta que se determine qué Estado es responsable de tramitarla.
Además, se ha señalado que el permiso se vincula a un criterio temporal: se dirige a personas que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025. En esa línea, se ha expuesto que la medida no se aplicaría a quienes lleguen con posterioridad a esa fecha.
Asimismo, Rojo ha considerado que la regularización se encuadra en el marco europeo, al recordar que las competencias en materia de extranjería corresponden a cada país de la Unión Europea.
Tramitación del real decreto
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero el inicio del trámite de urgencia para una regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos. El proyecto de Real Decreto modifica el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España.
El texto, aún no definitivo, recupera el planteamiento de la ILP respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos salvo Vox, aunque el avance de esa iniciativa permanecía bloqueado.
Tras el trámite de audiencia pública, en el que se recibieron 350 aportaciones y consultas y que finalizó el viernes 6 de febrero, la Secretaría de Estado de Migraciones trabaja en la valoración e incorporación de las propuestas recibidas para continuar con la tramitación urgente del Real Decreto.
Condiciones y requisitos del proceso
Según lo anunciado por el Ejecutivo, el procedimiento se dirige a personas extranjeras que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses continuados en el país en el momento de presentar la solicitud.
La acreditación de esas circunstancias podrá realizarse mediante cualquier documento público, documento privado, o una combinación de ambos.
Para las personas solicitantes de protección internacional, se establece que será suficiente con que la solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y pueda acreditarse.
Entre los requisitos, también figura no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Quienes participen y cumplan las condiciones podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año.
Una vez transcurrido ese periodo, deberá producirse la incorporación a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, con una integración progresiva en el sistema.
El alcance del proyecto se orienta de forma principal a personas que llevan tiempo en España y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a distintas figuras de arraigo.
La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
Además, se contempla la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, con un permiso de cinco años.
