El PP exige limitar la comunicación oficial por desinformación sobre la bomba lapa


<p>    MADRID, 7 (EUROPA PRESS)</p>
<p>   La Comisión Mixta de Seguridad Nacional debatirá este martes dos mociones del PP centradas en exigir al Gobierno un tratamiento "riguroso y no propagandístico" de la desinformación, así como medidas para detectar y neutralizar bulos y campañas que a su juicio se impulsan desde el entorno del Gobierno como el reciente bulo de la bomba lapa que se achacó a un mando de la UCO</p>
<p>   Las proposiciones no de ley (PNL) piden poner fin a lo que describen como "ideologización" de los informes oficiales, elaborar un nuevo análisis sin sesgos y reforzar los mecanismos de respuesta ante bulos vinculados a operaciones de seguridad o actuaciones policiales.</p>
<p>   La primera propuesta, registrada por el Grupo Popular en el Congreso, solicita abordar el problema de la desinformación "con rigor y sentido de Estado", acabar con la "ideologización y propaganda progubernamental" de los informes y foros sobre desinformación impulsados desde el Gobierno y desde el Departamento de Seguridad Nacional, realizar un nuevo Informe sobre desinformación "basado en datos e información y sin sesgos ideológicos" y garantizar que cualquier estrategia nacional contra la desinformación se elabore con "criterios objetivos y científicos".</p>
<p>    El PP critica que los Informes de Seguridad Nacional de 2023 y 2024 "mezclen" desinformación con discursos del odio y medios de comunicación, así como referencias del Foro contra campañas de desinformación que vinculan el fenómeno a ejemplos políticos, mediáticos o sociales. Denuncia que recoja declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pasajes de la ponencia marco del 41 Congreso del PSOE, por lo que concluyen que el Ejecutivo "ha convertido un problema real en un instrumento de propaganda contra la oposición".</p>
<p>EXPLICACIONES POR EL 'BULO DE LA BOMBA LAPA'</p>
<p>   La segunda moción pide al Gobierno que "reconozca expresamente la gravedad de la propagación de bulos sobre supuestas operaciones de seguridad o actuaciones policiales" y que comparezca ante las Cortes para informar de la difusión y validación pública hecha por algunos ministros del llamado 'bulo de la bomba lapa', en alusión a la noticia falsa de que el exagente de la UCO de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, contratado ahora por la Comunidad de Madrid, quisiera poner un explosivo a Pedro Sánchez.</p>
<p>   El PP también pide al Ejecutivo conocer las medidas adoptadas para preservar la neutralidad institucional, y que refuerce las capacidades del Sistema de Seguridad Nacional para detectar "y neutralizar campañas de desinformación impulsadas desde el propio entorno institucional", incluyendo un protocolo de desmentido obligatorio cuando se difundan datos falsos desde esferas gubernamentales. </p>

El Congreso examinará esta semana dos propuestas impulsadas por el Partido Popular sobre la lucha contra la desinformación, reflejo del aumento de inquietud social respecto al auge de las noticias falsas y el acceso transparente a documentación pública. Los grupos de la Cámara evaluarán la solicitud de los populares de apostar por un tratamiento "riguroso y no propagandístico" ante la manipulación informativa, así como la reivindicación de herramientas y sistemas para identificar y contrarrestar campañas generadas, a su juicio, incluso desde entornos dependientes del propio Ejecutivo. El reciente caso conocido como 'bulo de la bomba lapa' sirve de telón de fondo a estas peticiones.

Las propuestas encabezadas por el Grupo Popular piden poner fin a lo que definen como "ideologización" en los informes oficiales sobre desinformación. Dentro de sus solicitudes, exigen nuevos estudios que descarten inclinaciones políticas y busquen reforzar los mecanismos de respuesta ante la difusión de bulos, centrándose especialmente en informaciones relacionadas con operaciones de seguridad o procedimientos policiales. Asimismo, plantean la creación de procesos obligatorios que obliguen al desmentido, cuando se detecte contenido falso proveniente de fuentes institucionales.

En defensa de estas propuestas, los representantes del PP subrayan que toda estrategia nacional en la materia debe asentarse sobre "criterios objetivos y científicos". La formación recalca la necesidad de erradicar interpretaciones partidistas, tanto en análisis oficiales como en órganos promovidos desde el Departamento de Seguridad Nacional. Destacan la prioridad de que estos estudios respondan únicamente a datos contrastados y verificados, sin influencia política alguna. También aparece entre sus peticiones la elaboración de un nuevo informe específico, exigiendo que la redacción y las conclusiones no presenten ningún tinte ideológico.

Las críticas del Grupo Popular se centran sobre los Informes de Seguridad Nacional de 2023 y 2024, alegando que en ellos se "mezclan" asuntos de desinformación con discursos de odio y con el papel de los medios de comunicación. Denuncian la inclusión de alusiones a iniciativas políticas y mediáticas, así como a palabras del presidente Pedro Sánchez y apartados de la ponencia marco del 41 Congreso del PSOE. Según el PP, este enfoque lleva la cuestión de la desinformación al ámbito propagandístico, desplazando el debate institucional y las funciones de control propias de la democracia.

  1. Gestión y enfoque parlamentario sobre la desinformación
  2. Petición de responsabilidades por el caso 'bomba lapa'

Gestión y enfoque parlamentario sobre la desinformación

El Partido Popular ha registrado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional una Proposición No de Ley donde reclama una aproximación transparente y de alcance estatal para abordar la problemática de la desinformación. A través del documento presentado, el grupo parlamentario exige la eliminación de la "ideologización y propaganda progubernamental" que detectan en los informes y foros actuales, liderados por el Gobierno y por el Departamento de Seguridad Nacional. Su planteamiento defiende que nuevos análisis se sustenten solo en fuentes contrastadas y sin "sesgos ideológicos", apostando además por criterios "objetivos y científicos" para fundamentar las estrategias nacionales.

Entre las preocupaciones del PP destaca que, según su visión, se integran de forma conjunta la desinformación, los discursos de odio y la función de los medios de comunicación en los informes anuales. Manifiestan que dichos textos incluyen referencias y ejemplos ligados a debates políticos o sociales, así como declaraciones institucionales y extractos procedentes del PSOE, lo que interpretan como una instrumentalización partidista de un asunto con graves repercusiones para la seguridad nacional.

Desde el Grupo Popular advierten de que, desde su perspectiva, estas prácticas convierten una amenaza real en una herramienta empleada contra la oposición parlamentaria, desvirtuando el papel de los informes oficiales y restando claridad al tratamiento institucional sobre la desinformación.

Petición de responsabilidades por el caso 'bomba lapa'

En la segunda de sus mociones, el Partido Popular solicita al Gobierno que explique en sede parlamentaria la magnitud de la difusión de bulos relacionados con actuaciones policiales y operativos de seguridad, citando el incidente del denominado 'bulo de la bomba lapa'. Dicho contenido, que tras su circulación fue objeto de rectificación, implicaba al exagente de la UCO Juan Vicente Bonilla, contratado por la Comunidad de Madrid, como supuesto responsable de un presunto intento de atentado contra Pedro Sánchez. El Partido Popular reclama que se aclare públicamente la validación y la distribución de dichos datos por parte de miembros del Ejecutivo y pide detalles sobre las acciones tomadas para mantener la neutralidad en las instituciones.

La propuesta hace énfasis además en fortalecer las capacidades del Sistema de Seguridad Nacional para descubrir y frenar campañas de desinformación originadas en entornos gubernamentales. Igualmente, pide que se establezca un protocolo obligatorio de rectificación cada vez que se difunda una información errónea desde instancias oficiales. El objetivo, explican, es garantizar la confianza ciudadana en las instituciones y fomentar la transparencia en el espacio público.