El PSOE reconoce pagos de más de 15.600 euros a Leire Díez y niega cargo
El PSOE ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid una serie de documentos en los que reconoce un pago total de 15.612,04 euros brutos a la exmilitante socialista Leire Díez por trabajos prestados en 2017 para el PSOE de Cantabria, en calidad de periodista.
En esa documentación, adelantada por ABC y consultada por Europa Press, el partido sostiene que Díez no mantuvo relación laboral con la organización y que no consta que desempeñara cargos orgánicos, aunque sí figura su etapa como concejala en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista.
El requerimiento judicial pedía aclarar si Díez era o había sido afiliada, con fechas de alta y baja, y también si desarrolló actividades internas y si percibió remuneración por ellas. En paralelo, la investigación incluye diligencias técnicas sobre audios aportados y sobre el origen de una grabación vinculada a reuniones citadas en la causa.
- Documentos y pagos declarados
- Diligencias sobre grabaciones
- Detención y líneas de investigación
- Libertad con medidas y bloqueo de cuentas
Documentos y pagos declarados
El PSOE comunicó al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que Leire Díez percibió 15.612,04 euros brutos por servicios prestados al PSOE de Cantabria durante 2017, en un encargo vinculado a labores periodísticas.
Según el contenido remitido al juzgado, la formación política indica que Díez no tuvo relación laboral con el partido y que no consta que hubiera ocupado puestos orgánicos. En ese mismo contexto, se recuerda su paso por el Ayuntamiento de Vega del Pas como concejala entre 2011 y 2015 en el Grupo Municipal Socialista.
Datos de afiliación y etapas
Los documentos incorporados a la causa reflejan que Díez fue dada de alta como militante el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya). Posteriormente, su afiliación figura en la agrupación de Vega de Pas, con baja registrada el 4 de junio de 2025.
La petición del juez se centró en concretar si era o había sido afiliada, las fechas de alta y cese, y si durante ese periodo realizó alguna actividad dentro del partido, incluyendo la posible existencia de remuneraciones.
Diligencias sobre grabaciones
En el marco de las actuaciones, el instructor reclamó a la Comisaría General de Policía Científica que se reforzara técnicamente la calidad de un audio aportado por el fiscal Ignacio Stampa relativo a una reunión con Díez.
La orden judicial contempla que, si la mejora no fuera viable por motivos técnicos, se proceda a su transcripción para su incorporación útil a la investigación.
Mejora o transcripción del audio
La diligencia sobre el archivo sonoro establece como objetivo clarificar su contenido. La instrucción señala expresamente que, cuando la mejora no resulte técnicamente posible, la alternativa deberá ser una transcripción completa del material.
Origen técnico de una grabación
Además, el juzgado solicitó un análisis técnico sobre otra grabación relacionada con una reunión en la que participó el imputado en un caso de hidrocarburos Alejandro Hamlyn. El objetivo es determinar si pudo ser grabada por uno de los asistentes o si, por el contrario, pudo intervenir un tercero ajeno al encuentro.
Detención y líneas de investigación
La Guardia Civil detuvo el 10 de diciembre a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La actuación se enmarca en una operación en curso ordenada por la Audiencia Nacional.
La causa, bajo secreto de sumario, está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, con participación de la Fiscalía Anticorrupción.
Investigación en Madrid por influencias y cohecho
Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en la causa del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. En ese procedimiento, el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el 11 de noviembre, ante la sospecha de ofrecimientos de favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y de la Fiscalía Anticorrupción.
En una valoración incluida en el procedimiento, el juez instructor apunta que la exmilitante y exconcejala socialista lideraría una actuación presuntamente delictiva, continuada y coordinada con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, orientada a recabar información comprometida o irregular para intentar anular o malbaratar investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios.
En su declaración del 17 de noviembre, Díez indicó que mantuvo dos reuniones con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y defendió que esas citas se produjeron en su condición de periodista, negando vínculos con el partido y negando haber ofrecido favores.
Durante esa comparecencia, realizó un repaso de su trayectoria laboral y situó en 2018 su incorporación a la empresa pública, al comenzar en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), dependiente de la SEPI, tras un previo proceso de selección, como técnico de comunicación. Según lo expuesto, permaneció en Enusa hasta 2021 y posteriormente se marchó con una excedencia voluntaria al acceder a una oferta en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
Causa en la Audiencia Nacional
La operación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas se tramita en la Audiencia Nacional, con intervención de Anticorrupción y bajo secreto. En ese marco se produjeron las detenciones y las decisiones cautelares posteriores respecto de los investigados.
Libertad con medidas y bloqueo de cuentas
Tres días después de las detenciones, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó la puesta en libertad con medidas cautelares de Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
Medidas cautelares impuestas
Entre las medidas adoptadas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y la obligación de realizar comparecencias quincenales en sede judicial.
Posteriormente, la Audiencia Nacional acordó el bloqueo de cuentas bancarias de Díez, Fernández y Alonso dentro de la investigación sobre una presunta trama de comisiones por ayudas y contratos públicos.
El bloqueo fue dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que impulsó los primeros pasos al estar de guardia. Después, el asunto recayó en Pedraz tras el reparto.
Comisiones investigadas y delitos atribuidos
Los tres investigados fueron detenidos este mes por su presunta vinculación con una trama que habría obtenido 700.000 euros en comisiones, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI en cinco operaciones.
En el procedimiento, promovido por la Fiscalía Anticorrupción, se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los investigados pertenecerían a un grupo autodenominado Hirurok, que presuntamente pudo orientar expedientes en la Administración pública en beneficio propio o de terceros, aprovechando su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública.
