Consumo impulsa que grandes tiendas etiqueten en braille alimentos con alérgenos
Real decreto sobre etiquetado accesible
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha esta semana el trámite de información pública para un real decreto que regulará el etiquetado accesible de productos de consumo. Este abarca alimentos con alérgenos y productos que contengan sustancias peligrosas.
Este anuncio fue realizado el martes por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy. El proceso, previo a la aprobación definitiva del decreto, estará abierto hasta el 12 de abril. Durante este tiempo, organizaciones, ciudadanos y sectores involucrados pueden enviar sus aportaciones y observaciones al texto.
El objetivo de esta normativa es garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible sobre los productos que adquieren. A su vez, busca protegerlas frente a posibles riesgos o situaciones peligrosas para su salud.
El proyecto establece que las grandes superficies comerciales de al menos 400 metros cuadrados deben garantizar que las personas con discapacidad visual puedan exigir el etiquetado en braille en productos alimenticios con alérgenos, así como en cosméticos y productos de limpieza que contengan sustancias peligrosas. Además, estas personas tendrán acceso a una atención personalizada durante su compra.
Según el Ministerio, estas grandes tiendas deberán asegurar que la etiqueta en braille proporcione información sobre el tipo de producto, la marca comercial, referencias de riesgos o alergias, y la fecha de caducidad o consumo preferente.
La etiqueta accesible podrá colocarse directamente sobre el producto o añadirse como una etiqueta adicional si el envase no permite incluirla de forma directa.
Para las superficies comerciales que también dispongan de venta online, será obligatorio incluir la opción de solicitar la entrega de productos con etiqueta en braille. Estas superficies podrán además incorporar en braille cualquier información adicional que consideren relevante.
El reglamento ha sido elaborado en colaboración entre la Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, ha contado con aportaciones de entidades como ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y otras asociaciones del sector.
