Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "falta de competencia"
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido poner fin a las diligencias de investigación abiertas contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos antiguas trabajadoras de su servicio doméstico. La resolución se adopta por motivos de competencia territorial y se centra en el lugar donde habrían ocurrido los hechos.
Según el Ministerio Público, los episodios descritos se sitúan fuera de España, en el Caribe, y no concurren los requisitos legales para que los tribunales españoles asuman la investigación. La decisión, además, no admite recurso.
Fuentes del equipo jurídico de Julio Iglesias han expresado su satisfacción por el archivo. En paralelo, el decreto orienta a las denunciantes sobre la vía judicial que podrían seguir si desean continuar con sus pretensiones.
- Archivo en la Audiencia Nacional por falta de competencia
- Razones jurídicas del Ministerio Fiscal sobre jurisdicción y vínculos
- Posición de la defensa y detalles de la denuncia periodística
Archivo en la Audiencia Nacional por falta de competencia
MADRID, 23 (EUROPA PRESS). La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación relativas a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos exempleadas. El motivo central expuesto en el decreto es la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que, según lo denunciado, se habrían producido en el Caribe.
El decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que existe "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados". En este marco, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que la resolución no puede ser recurrida.
El Ministerio Fiscal también comunica a las denunciantes el itinerario a seguir si optan por continuar. En concreto, señala que podrán "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" que correspondan.
La resolución se encuadra en una línea previa de criterios sobre hechos ocurridos fuera del territorio nacional. En esa lógica, se delimita el alcance de la actuación de la Audiencia Nacional cuando no se aprecia un nexo suficiente con España.
Razones jurídicas del Ministerio Fiscal sobre jurisdicción y vínculos
La Fiscalía recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo". El decreto sitúa este principio como base para concluir que el foro natural de investigación sería el del país donde se habrían producido los hechos.
El Ministerio Público aborda también el delito de trata de seres humanos, mencionado entre los denunciados. Aunque se trata de una figura que puede perseguirse extraterritorialmente, el decreto subraya que requiere que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como la nacionalidad o la residencia de las víctimas en el país.
En este punto, la Fiscalía expone que "las víctimas son extranjeras", que "no residen en España" y que "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes" para conocerlos. Añade, además, que los denunciados —además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano— tampoco residen en España.
El decreto recuerda igualmente pronunciamientos anteriores en los que la Audiencia Nacional ha confirmado que España "no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país". Y precisa el criterio aplicado: "Especialmente cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", concluye.
Posición de la defensa y detalles de la denuncia periodística
Tras conocerse el archivo, fuentes del equipo jurídico de Julio Iglesias han trasladado a Europa Press su satisfacción con la decisión. Según esas mismas fuentes, "La decisión se ha basado en la legalidad y en la jurisprudencia vigente".
El entorno legal del cantante ha denunciado un "linchamiento público" y "la orquestación de un montaje mediático"contra el artista. En esa misma valoración, han sostenido: "El daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familia".
En cuanto al contenido de las acusaciones, dos antiguas trabajadoras —una empleada de hogar y una fisioterapeuta— aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral, dentro de un contexto que describen como de control y acoso continuado. Estos hechos se recogen en una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.
Una de ellas afirma haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y relata penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. De acuerdo con el reportaje, los episodios habrían ocurrido en 2021, cuando la más joven tenía 22 años.
La investigación periodística se desarrolló durante tres años e incluyó contactos con 15 exempleadas del servicio, entre personal doméstico y otras profesionales especializadas. Ese grupo habría trabajado para el cantante entre 1990 y 2023 en propiedades situadas en República Dominicana, Bahamas y España.
La empleada que asegura haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que entonces tenía 77 años, la llamaba con frecuencia a su habitación al finalizar la jornada. En su testimonio figura la frase "Me usaba casi todas las noches". En la misma línea, añade: "Me sentía como un objeto, como una esclava".
Según el reportaje, esos encuentros se habrían producido casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada con superioridad jerárquica sobre la trabajadora del servicio doméstico. Además, las entrevistas recogen referencias a "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".
La publicación sostiene que las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables". También indica que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".
Finalmente, los hechos descritos por dos de las trabajadoras se habrían situado en residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas), y habrían ocurrido, según esas dos extrabajadoras, con conocimiento de mujeres encargadas de la gestión del hogar y de la contratación del personal.
