Telegram insta a "luchar por sus derechos" tras anuncios de Sánchez
El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha llamado a los ciudadanos españoles a mantenerse vigilantes, pedir transparencia y defender sus derechos tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre nuevas medidas vinculadas a las plataformas digitales.
Entre los planes comunicados, Sánchez ha indicado que España prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y que se impulsarán iniciativas para perseguir a las plataformas y a sus directivos cuando no retiren contenidos considerados “de odio e ilegales”.
Durov ha enmarcado estas propuestas como un movimiento hacia mayores capacidades de control, y ha vinculado el debate a cuestiones de privacidad, verificación de edad y retirada de contenidos.
- Anuncio y medidas previstas
- Mensaje de Durov sobre privacidad y libertad
- Verificación de edad y uso de datos
- Reforma penal y retirada de contenidos
- Impacto en la moderación y el debate público
- Monitoreo de “división” y definiciones vagas
Anuncio y medidas previstas
Según lo anunciado por Sánchez, el Gobierno prevé prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantar medidas para actuar contra plataformas digitales y sus directivos en caso de no retirar contenidos descritos como “de odio e ilegales”.
Dentro de ese marco, también se ha comunicado la preparación de un proyecto de reforma del Código Penal para que los directivos de plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando se incumpla una orden de retirada de contenidos ilícitos.
Mensaje de Durov sobre privacidad y libertad
Durov ha sostenido que las medidas anunciadas no actúan como salvaguardas, sino como pasos hacia un control más amplio. En su mensaje, ha afirmado que se trata de un guion ya visto, en el que los gobiernos apelan a la seguridad para justificar acciones que derivan en censura de críticos.
En ese contexto, ha señalado que Telegram prioriza la privacidad y la libertad, y ha mencionado como elementos de esa orientación el cifrado fuerte, la ausencia de puertas traseras y la resistencia a lo que ha descrito como excesos.
Verificación de edad y uso de datos
El fundador de Telegram ha advertido de que la prohibición para menores de 16 años, junto con una verificación de edad obligatoria, exigiría a las plataformas aplicar controles estrictos, como solicitar DNI o recurrir a biometría.
En su valoración, ese enfoque podría sentar un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, con impacto sobre el anonimato y con potencial para abrir la puerta a una recopilación masiva de datos. También ha indicado que lo que se aplique a menores podría extenderse a más usuarios y afectar al debate abierto.
Reforma penal y retirada de contenidos
Durov ha situado el foco en la responsabilidad de los directivos y en la posibilidad de que puedan afrontar consecuencias penales si no se elimina con rapidez contenido señalado como ilegal, odioso o perjudicial.
De acuerdo con su planteamiento, ese incentivo podría empujar a las plataformas a actuar con mayor cautela en la retirada de publicaciones, por temor a riesgos legales derivados del incumplimiento de órdenes de retirada.
Impacto en la moderación y el debate público
En su mensaje, Durov ha afirmado que el resultado podría ser una sobrecensura, al eliminarse cualquier contenido mínimamente controvertido para reducir exposición a sanciones. En esa línea, ha citado como posibles ámbitos afectados la disidencia política, el periodismo y opiniones cotidianas.
También ha señalado que, bajo este esquema, podría considerarse delictivo el hecho de amplificar contenido calificado como perjudicial, y ha asociado ese escenario a un mayor control sobre lo que se ve en línea y a la reducción de visibilidad de opiniones opuestas.
Monitoreo de “división” y definiciones vagas
Por último, Durov ha mencionado propuestas relacionadas con el monitoreo y la obligación de reportar cómo las plataformas “alimentan la división”. En este punto, ha advertido de que definiciones vagas de “odio” podrían terminar etiquetando críticas al Gobierno como divisorias.
Según su advertencia, ese tipo de categorizaciones podría derivar en cierres o multas, y convertirse en una herramienta para suprimir a la oposición.
