Liberadas 80 personas migrantes víctimas de explotación laboral en Nules (Castellón)
La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal establecida en la provincia de Castellón, dedicada a la trata de personas con el propósito de explotarlas laboralmente. Durante las investigaciones, se consiguió liberar a un total de 80 víctimas que vivían en condiciones extremas de pobreza y hacinamiento, muchas veces sin acceso a agua potable ni electricidad.
Las autoridades han arrestado a siete individuos responsables de gestionar toda la cadena de explotación, desde el reclutamiento fraudulento en sus países de origen, hasta la utilización de los afectados en trabajos agrícolas dentro de territorio español. La Guardia Civil definió esta situación como una forma de "semiesclavitud" en un comunicado oficial.
La mayoría de las víctimas, hombres con escasos recursos económicos, procedían de Nepal, Pakistán, Senegal y varias naciones árabes. La captación se realizaba en sus países mediante falsas ofertas laborales difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales, prometiéndoles condiciones atractivas como salarios dignos, alojamiento y manutención garantizada.
Después de aceptar las propuestas, estas personas eran trasladadas a España, a veces en viajes coordinados por la propia organización, quienes generaban una deuda que más tarde empleaban como herramienta de presión y control.
Al llegar, los afectados eran alojados en estas viviendas con un hacinamiento extremo y sin garantías mínimas de habitabilidad, a menudo careciendo de servicios básicos como suministro eléctrico y agua. Se les obligaba a cumplir intensas jornadas laborales en el sector agrícola, principalmente en la recolección, enfrentándose a jornadas de hasta 12 o 13 horas diarias con escasos descansos.
El pago recibido por su trabajo era, según se informó, "inexistente o meramente simbólico", ya que de los salarios descontaban gastos de alojamiento, transporte y alimentación.
Además, las víctimas carecían de contratos formales y de cualquier documentación que regularizara su estatus migratorio. El control sobre ellos incluía amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas, creando un ambiente de temor constante que dificultaba intentos de fuga.
Operación 'Balarama'
La investigación fue dirigida por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón, en colaboración con la Fiscalía Provincial y su delegación especial para la trata de seres humanos, con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Tras meses de trabajo, se logró descubrir esta estructura que mantenía a las víctimas en condiciones de vida y laborales similares a la esclavitud. La organización estaba estructurada de forma jerárquica.
Dentro del entramado, algunos miembros se dedicaban a captar a las víctimas en sus países, otros gestionaban el traslado y alojamiento, mientras que un tercer grupo administraba la explotación laboral y el cobro de los beneficios ilícitos.
Se identificó como principales responsables a un matrimonio que, además, utilizaba empresas y estructuras legales para dar un aspecto de legalidad a sus actividades. Esto permitía excluirse de responsabilidades salariales y evadir obligaciones ante la Seguridad Social.
Las actividades del grupo se desarrollaban principalmente en las comarcas de La Plana Baixa y L'alt Palancia en Castellón, así como en las zonas valencianas de Camp de Morvedre, Camp de Turia y l'Horta Nord.
El núcleo principal de asentamiento estaba en Nules (Castellón), donde las víctimas eran alojadas en hasta cuatro viviendas distintas propiedad del matrimonio arrestado.
Durante las acciones policiales se realizaron cinco registros que culminaron con la prisión de siete personas y la liberación de 80 víctimas, entre ellas 77 hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años. Las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, que decretó la cárcel para dos de los detenidos.
Esta operación contó con la colaboración de diversas instituciones sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, que se encargaron de la atención y protección de las personas liberadas.
