Universidades transferirán 150 millones a CCAA para incorporar profesores públicos
- Transferencia de fondos a CCAA
- Retrasos en la Conferencia General
- Valoración de la CRUE sobre el desbloqueo
Transferencia de fondos a CCAA
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha confirmado la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas, dentro del marco del programa María Goyri. Esta medida supone la primera vez que el Gobierno central asume el pago del salario de este personal, a pesar de que la competencia recae sobre las autonomías.
La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), obteniendo el respaldo de todas las comunidades excepto Baleares, que voto en contra. La distribución del importe total es la siguiente: Cataluña recibirá 34,88 millones de euros; Madrid, 28,30 millones; Andalucía, 21,08 millones; Comunidad Valenciana, 17,84 millones; y Castilla y León, 11,08 millones.
Otras cantidades asignadas son: País Vasco con 6,02 millones; Canarias con 5,43 millones; Murcia con 5,22 millones; Galicia con 4,23 millones; Castilla-La Mancha con 4,22 millones; y Aragón con 3,79 millones. Además, Extremadura tendrá 2,03 millones; Navarra 1,86 millones; Asturias 1,28 millones; Cantabria 1,13 millones; Baleares 1,05 millones; y La Rioja 160 mil euros.
El Gobierno ha desarrollado el Programa María Goyri para incorporar gradualmente un total de 5.638 profesores ayudantes doctor hasta 2028, un 70% más respecto al curso 2023-2024. En seis años, se financiarán 3.400 de estas plazas con un coste superior a 900 millones de euros aportados por el Ejecutivo. Adicionalmente, las comunidades financiarán 2.236 plazas con unos 600 millones de euros.
Retrasos en la Conferencia General
En julio, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP solicitaron la suspensión de la Conferencia de Política Universitaria debido a los incendios forestales. Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares fueron aquellas que pidieron retrasar la reunión y finalmente no asistieron.
Murcia, aunque confirmó su asistencia, no se conectó, y Aragón no confirmó ni asistió. Esta ausencia impidió alcanzar el quórum necesario para la validación del pleno, ya que se requiere la participación de la mitad más uno de las comunidades. El Ministerio defendió que la sesión era telemática, con una duración aproximada de 30 minutos y un orden del día limitado a dos puntos, además de que existían mecanismos para asegurar la participación mediante representantes sustitutos.
Desde el Ministerio se señaló que las comunidades ausentes sabían que su inasistencia bloqueaba el inicio del proceso, retrasando así la entrega de 150 millones de euros para financiar los contratos vinculados al programa María Goyri. El retraso reduce el margen para que los fondos lleguen con la rapidez prevista y altera la planificación establecida para que las autonomías reciban el dinero lo antes posible.
Valoración de la CRUE sobre el desbloqueo
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró positivamente la resolución del bloqueo y la consecuente transferencia de 149,6 millones de euros para cubrir el salario de los 3.400 profesores ayudantes doctores incorporados. La CRUE insistió en que las comunidades deben transferir los fondos a las universidades, que hasta ahora han financiado los salarios de 2026.
Este programa es relevante para el sistema universitario español, ya que brinda estabilidad a medio plazo y permite abordar aspectos claves como el relevo generacional y la atracción de talento. Además, refuerza la cooperación entre administraciones públicas y contribuye a cumplir el mandato de suficiencia financiera establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que busca alcanzar una inversión mínima del 1% del PIB en educación superior para 2030.
La CRUE subrayó que el cumplimiento de los acuerdos consensuados entre administraciones es esencial para sostener la lealtad institucional y la confianza ciudadana. Reconoce que el sistema universitario es un motor fundamental para el desarrollo económico y social y enfatiza la necesidad de consolidar su estabilidad.