La prueba contra los acusados en el 'caso ataúdes' es considerada "aplastante"
- Rebaja de penas en el caso ataúdes
- Pruebas y operativa ilícita en el grupo funerario
- Descargo de las defensas y apoyo del fiscal
- Detalle del material probatorio y testimonios
- Uso de facturas falsas para encubrir la operativa
Rebaja de penas en el caso ataúdes
La Fiscalía y las acusaciones particulares coinciden en que hay pruebas suficientes y contundentes para solicitar condenas contra las 23 personas acusadas en la causa del grupo funerario El Salvador-Funeraria Castellana, por hechos ocurridos entre 1995 y 2015. Se les imputa una operación que consistía en cambiar ataúdes antes de su cremación para volver a venderlos a otras familias, además de reutilizar adornos florales en diferentes funerales.
La suma total de las penas pedidas ronda los 170 años de prisión. Los hijos del fallecido dueño del grupo, Ignacio y Laura M.V., enfrentan las consecuencias más severas, con solicitudes de hasta 20 años. Para el resto de los empleados, las condenas fluctúan entre dos y nueve años. Sin embargo, se ha reducido notablemente la pena para la viuda del empresario, María del Rosario V.L., y su hija, conocida como 'Rosi', en este caso pedida en doce años para cada una. Les han retirado los cargos de estafa agravada, apropiación indebida y falta de respeto a los difuntos, manteniendo solo los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las acusadoras particulares discrepan en parte con el Ministerio Público, pues, aunque también limitan la imputación por grupo criminal para la viuda, mantienen todos los cargos contra la hija 'Rosi'. Alegan que la participación directa de la viuda fue mínima tras la muerte de su marido, pues dejó la gestión en manos de sus hijos, quienes asumieron plenamente esas funciones.
Pruebas y operativa ilícita en el grupo funerario
Aún con la reducción de algunos cargos, la viuda permanece junto a los demás acusados responsable solidariamente de la indemnización civil que deberán pagar, la cual podría recaer subsidiariamente en las sociedades Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.
Tras revisar la evidencia aportada durante el juicio, el fiscal y las acusaciones sostienen que quedó plenamente demostrado que el fraude comenzó bajo la dirección del empresario Ignacio Morchón Alonso y fue continuado por sus hijos y empleados. A pesar de los argumentos de la defensa que solicita la atenuante por demoras procesales y pide una absolución, la Fiscalía defiende la contundencia de las pruebas que acreditan la operación ilícita.
Descargo de las defensas y apoyo del fiscal
En un informe detallado, el fiscal avaló las medidas judiciales tomadas para la obtención de pruebas, especialmente el análisis de diversos dispositivos digitales incautados a un exempleado, Justo M.G., cuya documentación es central para el proceso. Además, justificó la legalidad de los registros y escuchas telefónicas realizadas, sin las cuales el juicio no podría haberse celebrado.
El fiscal destacó la interrogante principal sin responder plenamente que persiste ocho años después de comenzado el proceso: cómo las familias vieron ingresar a sus difuntos al horno del tanatorio de Valladolid, mientras que las cremaciones se realizaban realmente en el cementerio de Santovenia, a varios kilómetros de distancia, con ataúdes diferentes a los contratados. Este dato queda respaldado por fotografías y documentos recopilados por Justo M.G., responsable de la cremación durante dos décadas.
Detalle del material probatorio y testimonios
En el conjunto del material incriminatorio se registran más de 5.300 ataúdes marcados como "robados" y se evidencia la reutilización de adornos florales. Justo M.G., ya fallecido, identificaba como implicados iniciales al dueño del grupo, sus hijos y algunos empleados, a los que más tarde se sumaron otros trabajadores. Esta práctica habría generado beneficios a la empresa por encima de los cuatro millones de euros en el período investigado.
El fiscal rechazó la teoría de las defensas que sitúa a Justo como único responsable y que plantea que el material habría sido creado de forma fraudulenta y reciente. Por el contrario, destacó que el análisis forense muestra una evolución real en la escritura y las fotografías a lo largo de los años, evidenciando el seguimiento constante de la operativa ilegal.
Esta actividad delictiva continuó incluso después de inaugurarse en 2013 el nuevo horno del tanatorio en Valladolid. Un informe señala que el consumo de gas en Santovenia no varió significativamente, lo que indica que las cremaciones seguían realizándose en secreto en ese lugar, lejos de los familiares que, según 170 testigos, no tenían acceso a la incineración, y 150 testimonios cuyas fotografías demostraron que los féretros usados no coincidían con los comprados.
Uso de facturas falsas para encubrir la operativa
La Fiscalía y las acusaciones señalan que se recurrió a la emisión de facturas falsificadas con proveedores, entre ellos otro acusado llamado Victorio Senovilla, con el fin de justificar la cantidad de ataúdes comprados y vendidos. Según estas partes, si se aceptan las facturas, hay un desfase de 1.300 féretros; sin embargo, elevan la cifra a más de 4.500 si se desestiman las facturas.
La conclusión de la Fiscalía es que la falta de féretros suficientes se explica por la reutilización de los existentes, por lo que mantienen la petición de condena para todos los acusados del caso. Esta situación implica una operación fraudulenta mantenida durante dos décadas con graves implicaciones para las familias afectadas y el sistema judicial.