Anticorrupción pidió investigar a jefa de Guardia Civil y DAO por "generar desaliento" a la UCO
Se señala que las informaciones reservadas dirigidas a la unidad carecen de una justificación objetiva y constituyen una forma de "presión" y "autocensura".
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, encargado de investigar el 'caso Leire Díez', la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Esta petición se basa en que ambos habrían intentado generar un "efecto disuasorio" para que la Unidad Central Operativa (UCO) frenara sus investigaciones.
- Petición de imputación y contexto
- Relaciones y presiones sobre la UCO
- Utilización del poder disciplinario
Petición de imputación y contexto
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha pedido la imputación de estos dos altos cargos de la Guardia Civil, al igual que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular. Sin embargo, Anticorrupción no ha solicitado lo mismo respecto al anterior director general, Leonardo Marcos, diferencia que sí plantea la acusación popular.
Mercedes González fue imputada este jueves junto a Manuel Llamas por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La directora general reconoció haber mantenido dos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, quien supuestamente coordinó la operación para intentar desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el Gobierno y el PSOE.
Relaciones y presiones sobre la UCO
Anticorrupción recuerda que la UCO dejó constancia en un informe aportado a la causa de la "relación personal" que, según se indica, Leire Díez mantenía con la actual directora general de la Guardia Civil y que esta relación fue usada para cumplir con los objetivos de neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO llevaba a cabo en causas que podrían afectar al PSOE o a familiares del presidente del Gobierno.
Con respecto a Manuel Llamas, la Unidad Central Operativa señaló que varios generales manifestaron haber recibido instrucciones suyas para "ponerse de perfil" en la investigación judicial vinculada a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por sospechas de irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz, caso que ya ha sido juzgado.
Las fiscales destacan que la supuesta trama, cuyo cabecilla según el juez sería el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinadora Leire Díez, habría llevado a cabo "actuaciones dirigidas, presuntamente, a alterar el normal desarrollo de la labor de la UCO en distintos procedimientos judiciales mediante diversos métodos".
Una de esas estrategias habría sido crear sospechas sobre la actuación de la UCO ante la directora general de la Guardia Civil, generando la apertura de informaciones reservadas, por ejemplo, respecto a posibles filtraciones a la prensa de mensajes comprometidos entre el exministro José Luis Ábalos y otros destacados miembros del PSOE, cuya publicación se atribuía con certeza a la UCO.
La Fiscalía advierte que la apertura constante de informaciones reservadas contra miembros de una unidad policial encargada de investigaciones penales de gran importancia tiene un claro potencial para desalentar el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial.
Este tipo de presión no solo afecta al funcionario directamente afectado, sino que lleva un mensaje institucional para todo el equipo: ciertas líneas de investigación pueden conllevar consecuencias disciplinarias para quienes las desarrollen.
Así, la capacidad intimidatoria no radica únicamente en el contenido de cada expediente, sino en el patrón reiterado del uso de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión.
Utilización del poder disciplinario
Las fiscales subrayan que la repetición de informaciones reservadas, especialmente cuando coinciden con momentos claves de la investigación penal y sin una justificación objetiva, genera un clima profesional de incertidumbre que puede inducir autocensura, inhibición o moderación en el desempeño de las funciones investigadoras.
Este efecto de desaliento representa una forma contemporánea de intimidación institucional que no requiere amenazas explícitas ni la modificación efectiva de conductas. Basta con que la actuación sea objetivamente capaz de condicionar la libertad del funcionario o crear un ambiente donde el trabajo diligente de policía judicial se asocie a posibles represalias.
Cuando el poder disciplinario se usa de manera desviada con fines intimidatorios sobre quienes colaboran en una investigación penal, deja de ser un instrumento legítimo de gestión administrativa para convertirse en un medio de presión que pretende influir indirectamente en el desarrollo del proceso.
Se destaca la reiterada apertura de informaciones reservadas solo contra funcionarios que trabajaban en investigaciones de especial relevancia, coincidiendo con momentos especialmente sensibles del procedimiento y sin una verdadera justificación disciplinaria, lo cual puede ser un indicio claro de que el verdadero objetivo era generar una presión destinada a condicionar la investigación.
En este sentido, el expediente disciplinario pierde su valor como objeto de análisis para transformarse en una herramienta para generar intimidación.
Anticorrupción enfatiza que esta utilización indebida del poder disciplinario tiene una capacidad coactiva singular, ya que procede de superiores jerárquicos frente a los investigadores, situación que aumenta la efectividad intimidatoria de la acción desplegada.
Finalmente, los datos del procedimiento permiten sostener de manera razonable que pudo existir un uso reiterado y desviado de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre funcionarios encargados de una investigación penal, lo que podría configurar intimidación si se pretendió condicionar, obstaculizar o alterar la libertad con la que debían desarrollar su actuación procesal.
