Las defensas piden "un acto de valentía" frente a un caso sobredimensionado mediáticamente
Las defensas de los empleados de El Salvador-Funeraria Castellana han solicitado este miércoles que el tribunal muestre un acto de "valentía" para emitir un fallo absolutorio a favor de las veintitrés personas acusadas en el conocido como 'caso ataúdes'. Según sus defensores, el proceso fue "inflado mediáticamente desde el inicio" y no debería haber superado la fase de instrucción, dado que "no existía evidencia" suficiente. La causa tiene su origen en una "prueba viciada" realizada por Justo G.M., trabajador fallecido.
Tras la presentación de los informes por parte del fiscal y las acusaciones particulares el lunes, y el inicio de las defensas el martes, completado este mismo día por los abogados de la viuda del fundador de la empresa, María del Rosario V.L., sus hijos Ignacio, Laura y 'Rosi', y ocho trabajadores más, el miércoles la Audiencia de Valladolid recogió las conclusiones de los letrados de otros once empleados y de las sociedades mercantiles implicadas, en calidad de responsables civiles.
El abogado de Hipólito, Guillermo y Mario C., acusados del "robo" de 900, 29 y 1 ataúd respectivamente, solicitó la exoneración de los cargos y lamentó que sus clientes "fueron juzgados públicamente hace años a través de los medios de comunicación".
Su representante legal afirmó su inocencia, señaló que los hechos se les imputaron en fechas en que no coincidieron en su turno con Justo M.G. y alegó la prescripción de los presuntos delitos. Además, destacó que estos empleados han visto dañada su reputación durante años, a pesar de continuar residiendo en Valladolid y realizando un servicio público con un salario honesto.
Respecto a Hipólito, ya jubilado, se mencionó que en 2019 sufrió una detención inesperada que derivó en una depresión severa y prolongada, mientras que Guillermo, afectado por este proceso, llegó a cuestionarse si podría casarse y formar una familia.
El abogado, además de solicitar un acto de valentía por parte del tribunal y la aplicación del principio in dubio pro reo, criticó a Justo M.G. por su "denigrante manipulación de cadáveres y realización de fotografías". Consideró que este fue el único responsable del daño moral sufrido por las familias de los fallecidos, quienes han tenido que revivir ante la justicia uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.
Por otro lado, el representante de Luis Miguel A.B., Emilio G.E. y Ángel P.V. —con más de veinte años en la empresa y acusados por el robo de 8, 15 y 50 féretros respectivamente— también cargó contra Justo M.G., como hicieron otros defensores en sesiones previas. Sostuvo que la única prueba presentada proviene de alguien "impulsado por motivos espurios y con una relación conflictiva con el dueño de la empresa".
Este abogado resaltó que Justo M.G. intentó extorsionar al fundador de El Salvador-Funeraria Castellana, una acción que terminó con una sentencia condenatoria contra el propio trabajador.
El hecho de que Justo M.G. se suicidara impidió contradecir su declaración en el juicio, lo que la defensa considera una vulneración del derecho a la defensa y una fuente de indefensión. Denunciaron que el fiscal trató de aparentar solidez para lograr una condena colectiva e incluyó a sus clientes en la lista de acusados sin evidencia suficiente, mencionándolos apenas unos segundos en su informe final.
El defensor rechazó que existan pruebas suficientes para condenarlos y subrayó que ni la Policía Nacional ni la Agencia Tributaria mencionaron a estos acusados en sus investigaciones, resultando sus informes irrelevantes para este caso. Además, consideró erróneas las anotaciones acusatorias de Justo M.G., ya que ninguno de los defendidos coincidió con él en su turno de trabajo.
El abogado enfatizó que las anotaciones carecen totalmente de verosimilitud y aclaró que sus clientes no trabajaban en el cementerio ni tenían acceso al horno crematorio, ya que sus funciones se prestaban en una ubicación distinta, a cinco kilómetros de distancia.
En el desarrollo de su alegato, también rechazó los cargos de pertenencia a grupo criminal y apropiación indebida, indicando que estos delitos requieren un acuerdo de voluntades y un fin delictivo común. Subrayó que ninguno de sus defendidos obtuvo beneficio económico alguno por la supuesta apropiación ni hubo ánimo de lucro. Asimismo, descartó que cometieran falta de respeto a difuntos, señalando que esta infracción correspondería al denunciante Justo M.G.
De forma irónica, las defensas de David M.G., Álvaro R.S. y José Manuel P.F. afirmaron que sus clientes "no son ni la familia Corleone ni los Peaky Blinders". De igual manera, los abogados de Carlos S.D. y Victorio S.S., proveedor de féretros acusado de simular ventas con la familia Morchón, intervinieron en la última fase, seguida por la abogada de las mercantiles El Salvador y Funeraria Castellana, también consideradas responsables civiles.
Tras esto, el presidente del tribunal ofreció a todos los acusados la oportunidad de hacer unas últimas declaraciones, pero ninguno añadió nada al respecto. El futuro de los procesados, después de un juicio que duró cuatro meses, queda en manos de la Audiencia de Valladolid, que debe decidir entre la absolución solicitada por todas las defensas o las penas solicitadas por las acusaciones, que en total superan los 190 años de prisión.
Las mayores penas se demandan para el gerente Ignacio M.V. y su hermana Laura, hijos del fundador fallecido, con veinte años de cárcel para cada uno. También la viuda del empresario, María del Rosario V.L., y su hija 'Rosi' enfrentan una petición de 12 años, además de inhabilitaciones para servicios funerarios por treinta años y multas de hasta 12 millones de euros.
En cuanto a los demás empleados, alrededor de veinte, las penas solicitadas oscilan entre dos y nueve años de prisión. Se piden nueve años para cuatro encausados, seis años y medio para nueve más, cinco años para otros cuatro trabajadores, cuatro años para uno y dos años para otro implicado en el caso.
