La jueza incorpora advertencias previas de maquinistas en causa de Adamuz
El Tribunal de Instancia número 2 de Montoro (Córdoba) continúa con la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales y más de 120 heridos el domingo 18 de enero. La jueza ha decidido incorporar al expediente judicial un documento del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), fechado el 8 de agosto de 2025, dirigido a Adif, en el que se expresaba preocupación por el estado de las líneas ferroviarias, especialmente la red de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
Este documento fue solicitado por una de las partes involucradas y emitido por el Semaf a varios responsables, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y mandos de Adif. En él se detallaban problemas en varias infraestructuras, como baches, irregularidades en la catenaria y un deterioro acelerado del material rodante, que afectaban la seguridad y comodidad de los viajes.
Los maquinistas señalaban que estas incidencias se reportaban a Adif a diario, sin que se tomaran acciones correctivas. Por ello, el sindicato instó a tomar una medida preventiva inmediata: limitar la velocidad máxima a 250 km/h hasta que las vías estuvieran en condiciones óptimas para circular a velocidades mayores.
- Denuncia y responsabilidades
- Análisis de carriles fracturados
- Contratación de laboratorios metalúrgicos
- Trabajos de laboratorios independientes
Denuncia y responsabilidades
Tras el accidente, la Asociación Liberum presentó una denuncia en el Juzgado de Montoro por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, además de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Entre los denunciados figuran altos cargos de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, junto con cualquier otra persona que pueda resultar responsable según avance la investigación.
La denuncia incluye el escrito remitido por Semaf, destacando que, a pesar de la advertencia sobre los riesgos detectados y la propuesta concreta para reducir la velocidad, los responsables no adoptaron medidas para mitigar dicho riesgo. Se subraya que no existe registro de la solicitud de reducción de velocidad ni de acciones urgentes de mantenimiento encaminadas a corregir los daños señalados.
Se considera que el accidente ocurrido en Adamuz es consecuencia directa del riesgo grave conocido por los denunciados, cuya falta de actuación fue un factor determinante en el siniestro y sus trágicas secuelas.
Análisis de carriles fracturados
Por otro lado, la jueza ha incorporado al caso un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, que incluye el expediente de contratación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), solicitado el 2 de junio. Este documento ya ha sido remitido al Ministerio Fiscal para que emita su informe correspondiente.
La CIAF comunicó la adjudicación provisional de los contratos con laboratorios especializados para examinar los carriles fracturados involucrados en el siniestro. El proceso de selección, objeto de tramitación urgente, se encuentra en su fase final tras la reunión de la Junta de Contratación el 20 de mayo.
Contratación de laboratorios metalúrgicos
El contrato fue gestionado como un servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Se invitó a tres laboratorios, aunque uno desistió antes de la Junta de Contratación. Por tanto, la negociación quedó abierta con Cenim, un centro público adscrito al CSIC en Madrid, y Aimen, empresa privada ubicada en Galicia.
Ambas entidades cuentan con acreditación, experiencia y solvencia técnica, además de no presentar conflictos de interés con las partes relacionadas con el siniestro o con trabajos de renovación en la línea ferroviaria afectada.
Trabajos de laboratorios independientes
El contrato tiene como finalidad que dos laboratorios independientes realicen los análisis en paralelo, para garantizar la fiabilidad e independencia de los resultados. Algunas pruebas requieren trabajar sobre un único lote de muestras, lo que limita que ambas entidades puedan realizarlas simultáneamente.
Entre las tareas a realizar están las inspecciones no destructivas iniciales, como el examen visual, fotografía y escaneo de las muestras intactas, y la extracción de probetas para pruebas destructivas, que impactan irreversible y necesariamente las muestras.
La CIAF ha establecido que un técnico del segundo laboratorio puede supervisar la ejecución de las pruebas realizadas por el primero y que todas las imágenes o inspecciones serán compartidas para evaluación independiente. Tras la extracción de probetas por un laboratorio, el segundo recibirá un lote para completar los ensayos en paralelo de forma independiente.