Tribunal de Cuentas identifica un faltante de 500 millones en productos financieros públicos
El Tribunal de Cuentas ha detectado un daño económico de 490 millones de euros en distintas empresas públicas estatales debido a la contratación de derivados financieros entre 2016 y 2023, según un informe de fiscalización publicado recientemente.
Este análisis examina los derivados financieros de las entidades del sector público empresarial estatal no financiero durante dicho periodo, concentrándose en doce compañías que representan más del 90% de estos instrumentos.
Entre las empresas afectadas figuran Canal de Navarra, Adif, Adif Alta Velocidad, Aena, Renfe Operadora, las autoridades portuarias de Valencia, Castellón y Las Palmas, así como Acuaes, Acuamed, Enresa y Navantia. Diez de estas entidades mantuvieron 'swaps' vinculados a préstamos con tipos variables.
Uso de swaps y su impacto
Estos derivados se emplearon con la intención de cubrir el riesgo de subida de los tipos de interés variables, en concreto del euríbor. La finalidad era que las empresas recibieran compensaciones si dicho índice aumentaba inesperadamente. No obstante, durante casi todo el periodo analizado, los tipos de interés se mantuvieron bajos o en cifras negativas.
El Tribunal, liderado por Enriqueta Chicano, aclara que estos mecanismos solo funcionan para mitigar el riesgo cuando los tipos están altos y se prevé que suban, situación contraria a la que prevaleció en la mayor parte del tiempo evaluado.
Costes asociados a swaps
Durante el periodo revisado, el pago neto total por los intereses relacionados con estos derivados alcanzó aproximadamente 401 millones de euros, con 383 millones vinculados a la rama fija y 18 millones a la variable.
Además, se suman 89 millones de euros en penalizaciones por cancelaciones anticipadas. La mayoría de las entidades no verificó ni corrigió si los derivados se contrataron a precio de mercado ni evaluaron adecuadamente los costes derivados de las cancelaciones.
Destacan 34 millones en cancelaciones voluntarias de ocho swaps en la Autoridad Portuaria de Valencia y 46 millones en cancelaciones por Acuamed. El Tribunal señala que habría sido más prudente esperar para confirmar la mejora en la valoración de estos derivados, según un informe de una consultora independiente.
Respecto al swap de Acuamed, se indica que esa operación no debería haber sido ejecutada por una entidad pública debido a que incluía una cláusula de cancelación anticipada obligatoria, convirtiéndola en una apuesta sobre los tipos de interés en una fecha determinada.
Problemas en la gobernanza y recomendaciones
A pesar de las pérdidas evidentes, la mayoría de gestores públicos no actuaron legalmente ni reclamaron ante el Banco de España para cuestionar esta práctica bancaria o minimizar el impacto financiero, salvo excepciones como Aena y la Autoridad Portuaria de Valencia.
Se denuncia que entidades de sectores relacionados con fomento y agua, como las autoridades portuarias mencionadas, además de Acuaes y Acuamed, contrataron derivados complejos con venta implícita de opciones. Estos productos limitaban las ganancias en subidas del euríbor y exponían a pérdidas ilimitadas cuando los tipos bajaban.
También se detectaron fallas en la gobernanza en compañías relevantes como Adif Alta Velocidad, Adif, Renfe Operadora y el Canal de Navarra. En estos casos, los Consejos de Administración autorizaron las deudas principales sin tener una información transparente sobre la contratación, modificación o costes reales vinculados a los derivados.
Como respuesta, el Tribunal recomienda fortalecer la participación de los consejos en la definición de políticas para la cobertura de riesgos financieros. Además, sugiere consultar al Banco de España o emprender acciones legales respecto a las liquidaciones de la rama variable de los swaps en periodos con tipos negativos.
