Los Franco sacan del Pazo de Meirás sus pertenencias privadas
La familia Franco ha comenzado a retirar sus pertenencias del Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada. Esta acción abarca más de 400 objetos, incluyendo muebles y otros elementos decorativos, que no han sido reclamados por el Estado tras un proceso judicial que determinó qué bienes eran propiedad de los herederos del dictador y cuáles correspondían al Estado.
El traslado ocurre tras una orden judicial para inscribir la finca a nombre del Estado una vez que dejó de ser propiedad de la familia Franco. Esta medida se basa en actuaciones realizadas por la Abogacía del Estado, alineadas con la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que confirmó que el inmueble pertenece al Estado, no a los herederos del dictador.
El fallo del Tribunal Supremo establece que el Pazo de Meirás fue destinado al servicio de la Jefatura del Estado desde 1938, y rechaza los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco. La Sala de lo Civil del TS señaló que los ocupantes no pudieron considerarse propietarios legales de la finca por lo menos hasta la década de 1990, cuando dejó de usarse por la administración, sin cumplirse el periodo de prescripción legal de 30 años para adquirir la propiedad.
Un "expolio" para la CRMH
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha calificado esta acción de la familia Franco como un "expolio", señalando la supuesta "complicidad" del Estado y la "completa pasividad" de la Xunta de Galicia. En un comunicado, la asociación criticó la gestión del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, responsabilizándolo de permitir que los Franco retiren una gran cantidad de objetos.
La CRMH afirmó que los objetos extraídos no solo corresponden a efectos personales, sino que incluyen piezas vinculadas a la etapa del dictador, dentro de un listado de más de 400 bienes que el Estado no reclamó. La entidad reiteró que estos bienes están siendo sacados como resultado de una defensa insuficiente por parte del Estado.
Además, la comisión lamentó que el Estado haya suspendido unilateralmente las visitas programadas al Pazo de Meirás para permitir que la empresa contratada por la familia Franco continúe con las labores de desmontaje y extracción, todo ello con la inacción de la Xunta.
Por esta razón, la CRMH ha exigido al Ministerio de Memoria Democrática que ofrezca las explicaciones necesarias y asuma las responsabilidades políticas correspondientes. También cuestionó si la Xunta ha cumplido con sus funciones de supervisión, control y autorización previa de estas labores, que han incluido la instalación de andamios para desmontar elementos dentro del Pazo.
