La jueza de la Audiencia Nacional asume la investigación sobre Ceuta con apoyo fiscalía
La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional (AN), ha asumido la investigación relacionada con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, tras contar con el respaldo del Ministerio Fiscal que respaldó su competencia para llevar el caso.
Según un auto difundido por Europa Press, la jueza señala que se trata de “una conducta delictiva supuestamente cometida fuera de España que ha vulnerado gravemente la integridad territorial del país, protegida en el artículo 2 de la Constitución, utilizando como medio la llegada masiva a nuestro territorio, a lo que se suman flujos migratorios irregulares que han afectado seriamente la vida y los derechos de los habitantes de Ceuta”.
Tras una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa, Tardón inició diligencias preliminares sobre los acontecimientos en Ceuta y solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre su competencia para seguir con la causa.
Competencia de la Audiencia Nacional
La Fiscalía apoyó que la jueza Tardón asuma la causa porque los “efectos más destacados” del suceso ocurrieron en territorio español, lo que justificaría que la Audiencia Nacional se encargue de un fenómeno criminal de carácter complejo y organizado.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, destacó que este tribunal es competente ya que el hecho central bajo investigación —la entrada irregular masiva de personas— tuvo lugar en Ceuta, dentro del territorio nacional.
Además, la Fiscalía puntualizó que, aunque parte de la planificación, logística, coordinación y dirección estratégica aparentemente tuvo lugar en Marruecos, la ejecución y sus consecuencias principales se presentaron en territorio español.
Delitos investigados
El Ministerio Público indicó que, sin perjuicio de la calificación definitiva que surja tras la instrucción, los hechos podrían constituir delitos que requieren de órganos especializados para abordar fenómenos criminales complejos.
En esta fase inicial, se considera que podrían existir delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, agravados por la posible actuación en el marco de una organización, poniendo en riesgo la vida o integridad física de las personas. Además, se evalúan posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, junto con la posible existencia de una organización o grupo criminal.
Asimismo, la Fiscalía destacó que la investigación deberá esclarecer si los hechos afectan al orden público o a bienes jurídicos colectivos como la paz o la soberanía del Estado.
Solicitud de secreto parcial
Por último, el Ministerio Fiscal solicitó que se declare el secreto parcial de las actuaciones, argumentando la existencia de razones excepcionales para preservar la confidencialidad en esta fase del procedimiento.
