El Supremo confirma la destrucción casi total del material intervenido a Puigdemont en el 1-O
El Tribunal Supremo ha denegado el recurso presentado por Carles Puigdemont, exlíder catalán, que solicitaba la entrega del material confiscado durante el referéndum no autorizado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Puigdemont argumentaba que dichos objetos tenían un "valor histórico" y se oponía a su destrucción.
Según un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal mantiene la autorización otorgada a los Mossos d'Esquadra para eliminar el material intervenido. Se establece, eso sí, la obligación de conservar al menos una muestra de cada uno de los elementos incautados.
- Rechazo del recurso de Puigdemont
- Argumentos del Supremo sobre conservación y destrucción
- Otros recursos rechazados
- Contexto y datos adicionales
Rechazo del recurso de Puigdemont
Puigdemont se oponía a que se destruyera el material, solicitando que se le entregara en calidad de expresidente de la Generalitat. Pedía recibirlo como depositario exclusivo para su custodia, conservación y preservación, argumentando que los objetos son parte esencial del legado histórico, institucional y memorial de Cataluña.
El Supremo desestimó esta petición, señalando que Puigdemont no posee título de propiedad, legitimación patrimonial ni autoridad pública para conservar esos bienes.
Argumentos del Supremo sobre conservación y destrucción
El tribunal explicó que no hay razones suficientes para mantener indefinidamente los elementos confiscados en los almacenes policiales, ya que su permanencia prolongada podría derivar en su deterioro y pérdida definitiva.
Además, indicó que la destrucción no impide que el material pueda ser revisado en futuras investigaciones, dado que se conservarán muestras representativas. También desaprobó la necesidad de consultar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, puesto que el material está bajo custodia del Supremo.
Otros recursos rechazados
El tribunal también rechazó los recursos presentados por Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Raül Romeva, exconsejero, quienes solicitaron igualmente que el material no fuera destruido.
En el auto, los magistrados señalaron que, pese a la naturaleza y el contenido de la causa, no resulta claro ni convincente sostener que el material incautado tenga valor político, institucional, histórico o testimonial.