Veintidós países de la UE señalan la regularización española como un factor de atracción tras la crisis de Ceuta
Veintidós líderes europeos han mostrado preocupación por políticas que permiten la regularización masiva de migrantes, considerándolas posibles factores que incentivan la migración irregular. Además, relacionan la crisis ocurrida en Ceuta con la reciente decisión del Tribunal Supremo, que validó que la legislación española en materia de extranjería no contempla las llamadas devoluciones en caliente, un fallo que, según defienden, ha sido aprovechado para provocar esta crisis y explotar el sistema de migración y asilo europeo.
En una carta dirigida a António Costa, presidente del Consejo Europeo; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; y al primer ministro irlandés en funciones de la presidencia de turno, los firmantes exigen la convocatoria inmediata de una videoconferencia con los ministros de Interior de la UE. Asimismo, advierten que están dispuestos a reforzar o incluso reimplantar controles temporales en las fronteras internas para hacer frente a posibles movimientos secundarios, aunque hasta ahora no se haya detectado ningún desplazamiento ilegal desde Ceuta hacia otros países europeos.
Advertencias de los líderes europeos
Los mandatarios advierten que no se puede permitir que movimientos migratorios masivos sin control, la manipulación de la migración o amenazas híbridas generen la sensación de que es factible acceder de manera ilegal a la Unión Europea. Expresan su inquietud ante la posibilidad de que se difunda la idea de que una entrada irregular de personas migrantes pueda traducirse en una estancia legal.
Esta percepción, aseguran, podría incentivar nuevos intentos de entrada no autorizada, debilitar la confianza en la política migratoria común y generar consecuencias negativas para todos los Estados miembros.
Reacción y medidas propuestas
En consecuencia, defienden que la UE debe actuar para disuadir de manera efectiva y combatir sin pausa la migración ilegal. Esta meta exige una coordinación reforzada, el fortalecimiento de las fronteras exteriores y la revisión de todas aquellas políticas que pudieran funcionar como elementos atractivos para la migración irregular.
La misiva cuenta con la firma de los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Varios de estos gobiernos habían promovido previamente una línea más dura en la respuesta europea, como el Ejecutivo italiano de Meloni, que incluso ha planteado la necesidad de restaurar controles en las fronteras internas o evaluar la suspensión de España del espacio Schengen.
