Empresarios ligados a Aldama rechazan participación en pago de comisiones por mascarillas de Transportes
Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, dos empresarios vinculados con el intermediario Víctor de Aldama, han negado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, haber pagado comisiones relacionadas con la adjudicación de mascarillas realizada por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, ambos empresarios declararon este viernes como imputados, rechazando cualquier actuación ilícita respecto a los contratos para la compra de millones de mascarillas cuando José Luis Ábalos ocupaba el cargo de ministro de Transportes. Ábalos fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo en relación con esta causa.
Cueto y Rotaeche afirmaron desconocer las comisiones y actividades ilegales del intermediario Aldama, quien fue condenado por el Supremo a cuatro años y medio de prisión en el mismo juicio que Ábalos, si bien su condena no se ejecutará debido a su confesión.
Cueto también negó vínculos con la empresa Soluciones de Gestión, encargada de la compra del material sanitario, y explicó que las compañías solo compartían la misma sede para ahorrar costos.
La investigación señala a Cueto como quien presuntamente controlaba Soluciones de Gestión, aunque la titularidad oficial estuviera a nombre de Rotaeche.
Durante su primer interrogatorio como investigado en febrero de 2024, al inicio de la instrucción del 'caso Koldo', Cueto manifestó ante el juez que su intención fue ayudar a la población y no lucrarse con la venta de material sanitario, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia.
En aquella ocasión, el empresario se basó en un informe de la consultora KPMG realizado en 2021, el cual concluyó que los precios de venta de las mascarillas estaban alineados con los del mercado y que los márgenes de beneficio eran reducidos.
Asimismo, detalló que la operación de compra fue muy costosa y requirió múltiples viajes a China, donde también participaron empresas certificadoras españolas que verificaron la calidad del producto.
La adquisición de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional, pero debido a que el exministro Ábalos tenía la condición de diputado y, por tanto, aforado, parte de la causa pasó al Tribunal Supremo, que confirmó la existencia de irregularidades en la operación.