Moncloa defiende la inocencia de Begoña Gómez y denuncia causa política tras el juicio popular
El Gobierno reafirma la inocencia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ante la causa judicial que enfrenta. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de llevarla a juicio con jurado popular.
A pesar de mantener el proceso, la Audiencia ha dejado sin efecto las medidas cautelares impuestas por Peinado, quien había considerado riesgo de fuga. Por tanto, Gómez recuperará su pasaporte y no estará sujeta a la prohibición de salir del país ni a la obligación de firmar periódicamente en el juzgado.
El tribunal ha decidido que el juicio con jurado popular continuará solo por los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Sin embargo, ha archivado dos cargos adicionales: corrupción en los negocios y apropiación indebida, que el juez había incluido inicialmente.
- Detalles del proceso judicial contra Begoña Gómez
- Posición del Gobierno frente al caso
- Contexto familiar y otras decisiones judiciales
Detalles del proceso judicial contra Begoña Gómez
Los magistrados han estimado que es plausible sostener que Gómez pudo ejercer influencia derivada de su condición como esposa del presidente para obtener la cátedra que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Además, se señala que esta cátedra se concedió de forma rápida y sin un control riguroso sobre la validez del proyecto.
Posición del Gobierno frente al caso
Desde Moncloa, se mantiene que Gómez es inocente y se califica el procedimiento judicial como de naturaleza política, producto de una denuncia falsa sustentada en noticias no veraces. Según fuentes oficiales, la causa responde a un intento de hostigamiento y persecución hacia la esposa del presidente.
Contexto familiar y otras decisiones judiciales
Esta semana, el Gobierno también enfrenta otra sentencia relacionada con la familia Sánchez. La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación vinculado a un cargo en la Diputación provincial.
El Ejecutivo expresó respeto por la sentencia, aunque no la comparte, manteniendo la inocencia del hermano del presidente y confiando en que instancias superiores revisen la decisión. La portavoz Elma Saiz afirmó que este proceso busca dañar al presidente a través de su entorno familiar.
