Rego presenta tras el verano una ley para facilitar familias acogedoras y adopciones

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, posa para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España).
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, posa para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España).

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que tras el verano el Gobierno presentará una Ley de familias acogedoras en el Consejo de Ministros. Este proyecto busca mejorar y agilizar los procesos de acogida y adopción, contando con la colaboración de diversas asociaciones especializadas.

Este nuevo marco legal ya ha generado buena receptividad entre las comunidades autónomas y se espera profundizar en su desarrollo en la próxima conferencia sectorial. La ley pretende fortalecer la coordinación interterritorial y aprovechar las buenas prácticas aplicadas en distintos territorios para facilitar la labor de las familias acogedoras.

Rego destaca que esta iniciativa tiene como objetivo reconocer y apoyar el papel esencial de las familias de acogida, además de crear mecanismos más rápidos y efectivos que beneficien tanto la acogida como la adopción. El fin último es reducir progresivamente la cantidad de menores que crecen sin una familia en España, situación que actualmente afecta a cerca de 20.000 niños tutelados.

  1. Ley de familias acogedoras
  2. Escolarización temprana y modelo económico
  3. Reducción de la jornada laboral
  4. Ley de Juventud y voto a los 16 años

Ley de familias acogedoras

La ministra explica que la ley busca optimizar la acogida y adopción, estableciendo una mejor coordinación entre territorios y tomando como referencia iniciativas exitosas ya implementadas. La meta es que se reconozca y se apoye el rol de las familias de acogida, haciendo los procesos más eficientes y reduciendo los tiempos de espera.

Actualmente en España hay cerca de 20.000 menores tutelados en acogimiento residencial, de los cuales unos 1.200 son menores de 6 años, y alrededor de 600 tienen entre 0 y 3 años. Estas cifras reflejan una realidad preocupante que el Gobierno quiere afrontar con esta ley.

Rego también señala que las comunidades autónomas, responsables de las competencias en este ámbito, deben compartir la responsabilidad para mejorar estos datos y ofrecer mejores condiciones a los menores.

Escolarización temprana y modelo económico

Respecto a la escolarización temprana, que muestra un alto porcentaje de niños de uno y dos años matriculados, la ministra apunta que no se trata de un fracaso en la crianza, sino más bien del sistema económico actual. Critica que se asuma como norma vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir.

En su visión, si la infancia estuviera en el centro de la organización social, las familias contarían con mejores condiciones laborales y servicios adecuados para el cuidado de los niños, como escuelas públicas de calidad, redes de apoyo y permisos parentales más largos.

En los últimos años, destaca las mejoras en los permisos retribuidos por cuidado de hijos, aunque lamenta que el Congreso haya rechazado la reducción de la jornada laboral.

Reducción de la jornada laboral

Para la ministra, la reducción de la jornada laboral no solo es un derecho de los trabajadores, sino también un derecho fundamental para los niños y niñas, ya que les permitiría pasar más tiempo con sus padres y madres.

Ley de Juventud y voto a los 16 años

Sira Rego también habló sobre la Ley de Juventud, donde se plantea incluir el derecho al voto desde los 16 años. Las negociaciones con el PSOE avanzan y se espera que esta ley se presente tras el verano en el Consejo de Ministros.

La ampliación del derecho al voto a los jóvenes de 16 años representa una de las mayores mejoras en los derechos políticos en la democracia española. Aunque no resolverá completamente la desafección juvenil, acercará desde edades tempranas a la juventud a la participación política.

La ministra propone una implementación progresiva, comenzando con la posibilidad de votar en las elecciones europeas de 2029, siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea, y extenderlo paulatinamente a futuros procesos electorales.