Jupol niega que escoltas de Begoña Gómez ayuden en su posible fuga
Respuesta del sindicato Jupol ante acusaciones
El sindicato policial Jupol expresó este sábado su rechazo firme a la insinuación de que los agentes encargados de la seguridad en la Presidencia del Gobierno pudieran estar implicados en una posible fuga de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Calificaron de "auténtica barbaridad" semejante afirmación, realizada tras la decisión judicial de abrir juicio oral contra ella y retirar su pasaporte.
Jupol difundió un comunicado en sus redes sociales en el que defendió el trabajo de la escolta de Presidencia, indicando que sus funciones están estrictamente limitadas a garantizar la protección y seguridad de las autoridades asignadas. Además, destacaron la actuación "con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales".
El sindicato consideró que poner en tela de juicio estas responsabilidades "carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares". Por ello, exigieron que se rectifiquen las declaraciones que, en su opinión, "proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".
Puntos clave del auto emitido por el juez Peinado
El auto judicial de 84 páginas, fechado el mismo sábado, señala que la defensa de Begoña Gómez descartó la posibilidad de que ésta intentara evadir a la justicia, subrayando que, al ser esposa del jefe del Ejecutivo, siempre está acompañada por los Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el juez Juan Carlos Peinado indicó que "no cabe duda" de que en algún momento, esos agentes, ya sea por iniciativa propia o acatando órdenes superiores, podrían colaborar en facilitar dicha fuga.
Además, el auto establece la prohibición de salida del territorio español tanto para Gómez como para su asesora Cristina Álvarez. También impone la obligación de que ambas firmen ante la sede judicial cada quince días. Al mismo tiempo, se envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
