El Gobierno elimina el requisito de declarar IRPF para quienes cobran paro
Un cambio clave llega para quienes cobran el paro: no existirá la obligación general de presentar la declaración del IRPF solo por ser beneficiario de la prestación por desempleo. La medida aparece en un Real Decreto-ley “ómnibus” publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El texto reconoce que imponer esa exigencia iba más allá de la intención original de la norma. Por ese motivo, se considera necesaria la supresión de la obligación de declarar el IRPF para los perceptores de la prestación por desempleo.
- Cambio en la obligación del IRPF
- Por qué se elimina la exigencia
- Efectos para beneficiarios y administración
Cambio en la obligación del IRPF
La norma publicada en el BOE establece que los beneficiarios de la prestación por desempleo no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. El propio decreto-ley indica que esa obligación “excede la intención de la norma”, por lo que se ve “necesaria la supresión” de dicha exigencia.
Este giro llega después de que, el pasado mes de marzo, el Ejecutivo ya decidiera no obligar a los perceptores del paro a presentar la declaración del IRPF correspondiente al año 2024 (la que debía presentarse este año), dejando esa obligación aplazada para 2026.
Por qué se elimina la exigencia
Según lo publicado, se busca evitar que, mediante una norma propia del ámbito social como la Ley General de la Seguridad Social, se termine produciendo una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo. En esa línea, se entiende necesaria la eliminación de la obligación de declarar.
También se subraya que el alcance real de esta medida no se limita a un trámite formal. El BOE expone que la obligación, tal y como estaba planteada, superaba la finalidad inicial, que era aportar una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
Efectos para beneficiarios y administración
El Gobierno aprecia que mantener esta obligación implicaría un incremento importante de las cargas administrativas para cerca de dos millones y medio de nuevas personas que acceden a la prestación por desempleo. A esto se añadiría el impacto para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que tendría que gestionar ese volumen adicional de declaraciones.
Además, se señala que la obligación habría incorporado a más de 2,5 millones de contribuyentes como nuevos obligados a declarar el IRPF, y que el 75% de ellos percibe rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros. En consecuencia, la extensión de la obligación no solo sería formal, sino que podría forzar a muchos contribuyentes a autoliquidar e ingresar una cuota a la que no estarían sujetos con arreglo a la normativa estrictamente tributaria.
De forma adicional, el Gobierno advierte de que este esquema podría suponer la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente. Por todo ello, se considera que el conjunto de efectos descritos justifica suprimir la obligación de inmediato, una decisión que conviene seguir de cerca para evitar trámites innecesarios y posibles perjuicios.
