Adif compró piedra no homologada del AVE a una empresa de la ex de Koldo
Adif, entidad pública responsable de la gestión de infraestructuras ferroviarias y dependiente del Ministerio de Transportes, concedió un contrato por 5.264.498,25 euros a la empresa en la que trabajaba la mujer de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. La adjudicación ha vuelto a situarse en el foco tras el descarrilamiento en Córdoba, que, según las primeras informaciones oficiales, ha causado decenas de víctimas mortales.
La operación se formalizó en mayo de 2022 y contemplaba el suministro de 275.000 toneladas de piedra triturada para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Se trataba de balasto, un material clave para la estabilidad de la vía, con requisitos técnicos específicos por tratarse de balasto tipo 1, el de mayor coste y calidad dentro del usado en alta velocidad.
El contrato recayó en una unión temporal de empresas compuesta por Áridos Anfersa SL, Áridos Técnicos SA y Aritec Almonacid SL. Tras la adjudicación, el procedimiento quedó marcado por reclamaciones de empresas competidoras y por el debate sobre controles, trazabilidad y garantías en materiales destinados a infraestructura crítica.
- Adjudicación del suministro de balasto para la AVE
- Impugnaciones y debate sobre la solvencia técnica
- Canteras, homologación y cuestionamientos logísticos
- Episodios paralelos y revisión tras el siniestro de Córdoba
Adjudicación del suministro de balasto para la AVE
El expediente firmado en mayo de 2022 no se limitó a una compra puntual, sino que estableció el abastecimiento de 275.000 toneladas de material para el tramo de alta velocidad. El objetivo era asegurar el aporte de piedra triturada necesaria para el mantenimiento y la estabilidad de la plataforma ferroviaria por la que circulan trenes AVE.
En el pliego, el producto quedaba encuadrado como balasto tipo 1, categoría que exige parámetros más estrictos y que suele tener un coste superior al de otros tipos de balasto. La adjudicación se otorgó a la UTE integrada por Áridos Anfersa SL, Áridos Técnicos SA y Aritec Almonacid SL.
Dentro del consorcio, Áridos Anfersa SL explotaba la cantera de El Parroso, ubicada en Villanueva del Río y Minas (Sevilla). Según denunciaron posteriormente dos competidoras que quedaron fuera del concurso, esa explotación no disponía de la certificación de calidad que exigía la propia Adif para este tipo de suministro.
Impugnaciones y debate sobre la solvencia técnica
Las objeciones no se centraron solo en el origen del material. Las empresas excluidas señalaron que la oferta ganadora aplicaba una rebaja superior al 11% sobre el presupuesto base, un recorte que, según fuentes del sector, dejaba márgenes muy ajustados para cubrir los costes de extracción y transporte de un producto de gran peso.
En ese contexto, la patronal de productores de áridos ya había advertido de que precios de ese nivel resultaban difícilmente sostenibles sin comprometer la calidad o el cumplimiento de condiciones técnicas. A estas circunstancias se añadió un dato económico vinculado a una figura del entorno del Ministerio de Transportes.
En 2022, Áridos Anfersa abonó cerca de 7.800 euros a Patricia Úriz Iriarte, pareja sentimental de Koldo García. Koldo García era entonces una figura relevante en el entorno del Ministerio y, con posterioridad, fue investigado por la UCO de la Guardia Civil por su papel en diversas tramas de contratación pública.
La respuesta de las empresas no adjudicatarias se canalizó por vía administrativa. Áridos y Recuperaciones SLU y Santiago Carmona SA presentaron recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que la UTE no alcanzaba los requisitos de solvencia técnica establecidos en el pliego.
En ese proceso, también se solicitó acceso a documentación técnica de los competidores. Adif rechazó esa petición amparándose en la protección de secretos comerciales, según consta en el relato de los hechos recogido en el expediente.
Canteras, homologación y cuestionamientos logísticos
Uno de los aspectos más discutidos se vinculó a la situación de la cantera sevillana. El Parroso aparecía en los registros de Adif con el distintivo de calidad «desestimado», un estado que indicaba que no había superado los controles necesarios para suministrar balasto destinado a alta velocidad.
En la UTE, la única explotación homologada era la cantera La Marina, propiedad de Áridos Técnicos SA, situada en Almonacid de Toledo. Esta ubicación quedaba a más de 450 kilómetros del tramo andaluz donde debía utilizarse la piedra, de acuerdo con las objeciones planteadas por las empresas recurrentes.
Desde el enfoque logístico, las compañías que impugnaron la adjudicación consideraron poco viable desplazar ese volumen a tanta distancia sin un incremento notable de costes. En ese marco, se recogió la valoración atribuida a fuentes del sector: «O se está regalando la piedra o se está colocando material más barato que no cumple los estándares».
Pese a estas advertencias, el tribunal respaldó la posición de Adif. La entidad sostuvo que bastaba con que una de las canteras integradas en la UTE acreditase solvencia técnica para dar validez al expediente, y el órgano administrativo también descartó que existiera prueba de que se estuviera empleando una explotación no autorizada.
Episodios paralelos y revisión tras el siniestro de Córdoba
Al caso se añadieron otros episodios reseñados posteriormente. El administrador de Áridos Anfersa coincidió en un parador de Granada con Ábalos y Koldo en julio de 2021, antes de la adjudicación formal del contrato de suministro.
Además, en 2023 la Guardia Civil localizó a uno de los directivos de las empresas adjudicatarias en una reunión con Koldo en Pamplona. En ese momento, Koldo ya había abandonado formalmente su puesto en el Ministerio, según la secuencia temporal referida en la información conocida.
Tras el descarrilamiento registrado en Córdoba y la conmoción derivada del elevado número de fallecidos, el contrato ha regresado al debate público. El foco se ha situado en los controles de calidad, la trazabilidad de materiales y las prácticas en la contratación vinculada a infraestructuras críticas para la seguridad ferroviaria.
Hasta la fecha, ni Adif ni las empresas señaladas han establecido relación alguna entre el siniestro y el suministro de balasto incluido en aquella adjudicación. Aun así, el caso ha incrementado la presión para revisar procedimientos y aclarar cualquier duda sobre la integridad de los materiales utilizados en la red de alta velocidad.
