Marlaska propone modificar la Ley de Memoria para reconocer a García Caparrós como víctima
- Reconocimiento de víctimas políticas frente a víctimas de terrorismo
- Contexto legal del caso Manuel José García Caparrós
- Implicaciones de las leyes de memoria histórica y democrática
Reconocimiento de víctimas políticas frente a víctimas de terrorismo
El debate en torno al reconocimiento oficial de Manuel José García Caparrós, joven malagueño fallecido en una manifestación en diciembre de 1977 por un disparo policial, sigue abierto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que, bajo la legislación actual, no es viable catalogarlo como víctima del terrorismo.
Sin embargo, la opción de ser reconocido como víctima de persecución política sigue sobre la mesa, aunque para ello es imprescindible modificar la Ley de Memoria Democrática vigente desde 2022. Este ajuste permitiría resarcir legalmente su caso, que no encuentra respaldo en la normativa vigente para víctimas del terrorismo.
Contexto legal del caso Manuel José García Caparrós
En un reciente encuentro en el Congreso relacionado con la regulación de la baliza V16 exigida por la Dirección General de Tráfico (DGT), Marlaska aclaró que la actual Ley 29/2011 para la protección integral de víctimas del terrorismo no contempla los casos como el de García Caparrós. Su muerte no encaja en esta ley porque no fue causada por un grupo terrorista, sino por la actuación policial.
Esta postura fue reafirmada tras una consulta de Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar. La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, transmitió esta negativa a la familia, reconociendo que los hechos son deplorables y reiterando la obligación de las fuerzas de seguridad de proteger a la ciudadanía.
Implicaciones de las leyes de memoria histórica y democrática
La Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011 define víctimas como aquellas afectadas por grupos que cuestionan los valores democráticos mediante acciones terroristas. Por ejemplo, Vicente Cuervo, asesinado en 1980 por un grupo terrorista de extrema derecha, sí fue reconocido bajo esta ley. Sin embargo, el caso de García Caparrós se diferenció por la autoría policial.
En contraste, la Ley de Memoria Histórica de 2007, vigente durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, permitía indemnizar a quienes perdieron la vida defendiendo la democracia entre 1968 y finales de 1977, tal como especificaba su artículo 10. Esta pieza legal fue suprimida con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, sin que la familia hubiera reclamado hasta entonces.
Marlaska insiste en que para dar amparo a este caso es fundamental impulsar una reforma rápida que restituya el contenido del citado artículo en la legislación actual. La decisión recae en manos del Congreso, y el ministro considera que esta sería la vía más expedita para ofrecer justicia y reconocimiento a Manuel José García Caparrós.
