Prolongada prisión provisional para el empresario de los 100.000€ a Alvise
La Audiencia Nacional ha decidido prorrogar la prisión provisional para el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', ante el riesgo de fuga que, según la Sala de lo Penal, aumenta debido a su significativa capacidad financiera fuera de España. Los magistrados sostienen que esta situación permitiría al investigado residir en el extranjero sin dificultades, dificultando el proceso judicial y la recuperación de los fondos supuestamente desviados a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
El empresario está acusado de liderar una posible estafa piramidal que afecta a más de 3.000 inversores. La investigación ha destapado una compleja red de cuentas y transferencias internacionales que, según los jueces, facilitaría la ocultación de fondos y activos. La resolución del tribunal, comunicada tras desestimar el recurso presentado por Romillo, confirma así el auto dictado por el magistrado José Luis Calama el pasado 7 de noviembre, donde se ordenaba la prisión preventiva sin derecho a fianza para Romillo mientras se desarrolla la instrucción del caso.
Las pesquisas llevadas a cabo en el marco de la causa han logrado identificar movimientos bancarios por valor de 12.935.000 euros en una cuenta radicada en Singapur, receptora de transferencias que superan los 29 millones de euros provenientes de otra cuenta en el Banco de Portugal, igualmente vinculada al investigado. En la resolución se detalla que desde dichas cuentas se efectuaron envíos de aproximadamente 18 millones de dólares a una entidad bancaria en Tailandia, siguiendo una dinámica que, a juicio de la Sala, expone una posible estrategia para eludir el control de los fondos invertidos por los afectados.
- Bienes en el extranjero y riesgo de fuga
- Penas y motivos para la prisión provisional
- Detalle de la vista
- Organización criminal y perjuicio a inversores
Bienes en el extranjero y riesgo de fuga
El tribunal acredita que Romillo cuenta con propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, embarcaciones y una cuenta de criptomonedas con más de siete millones de euros bajo su control directo, distribuidos en distintos países. Según la Sala, estos activos elevan de forma objetiva el peligro de fuga y la posibilidad de ocultar o destruir pruebas relativas al supuesto entramado societario constituido para desviar el capital de los inversores afectados por MIC.
A esto se añade la preocupación por la dispersión internacional de las sociedades y operaciones empleadas para el desvío de fondos. El auto resalta la relevancia de mantener bloqueados y localizados estos activos para asegurar el avance de las diligencias y la eventual recuperación de los bienes para las víctimas del presunto fraude. Los magistrados sostienen que la liberación del acusado incrementaría la dificultad para rastrear las operaciones y asegurar la trazabilidad de los fondos, especialmente porque Romillo podría gestionar y transferir recursos de forma remota mediante sistemas telemáticos.
Penas y motivos para la prisión provisional
La resolución detalla que los delitos imputados a Romillo están penados con más de nueve años de cárcel, con la posibilidad de que la condena alcance hasta dieciséis años de prisión. Esta circunstancia, unida a la magnitud de los fondos en el extranjero y la posibilidad de disposición de activos relevantes, refuerza la necesidad de su permanencia en prisión provisional para evitar la evasión de la acción de la justicia y garantizar que el patrimonio fruto de la presunta actividad ilícita permanezca bajo control de las autoridades.
El documento también subraya que la prisión provisional dificulta la desaparición del patrimonio investigado y permite avanzar en el proceso de reparación para los perjudicados. De acuerdo con la Sala, existe una amenaza real de que el acusado pueda utilizar los beneficios obtenidos presuntamente de la estafa para ocultarse, así como para borrar el rastro de los movimientos económicos que actualmente se encuentran bajo análisis judicial.
Detalle de la vista
La decisión de la Audiencia Nacional se ha producido tras la celebración de una vista en la que la fiscal de Anticorrupción, Mar Scharfhausen, insistió en el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas como argumentos fundamentales para mantener la medida cautelar de privación de libertad. Tanto la fiscalía como la acusación popular, representada por Zaballos Abogados, pusieron de relieve la existencia de más de siete millones y medio de euros en criptomonedas pendientes de recuperar y la necesidad de seguir investigando la traza de importantes cantidades de dinero fuera del alcance de las autoridades nacionales.
En el desarrollo de la vista, que tuvo lugar durante la mañana y se extendió por espacio de treinta minutos, se reiteró el peligro de que Romillo, en caso de quedar en libertad, pueda tomar medidas que dificulten la recuperación de los activos y la obtención de pruebas clave en la investigación abierta por la plataforma de inversión MIC.
Organización criminal y perjuicio a inversores
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, fundamentó la resolución en la existencia de una presunta organización criminal creada y dirigida por Romillo. Según constata el juez, la operativa de MIC habría perjudicado a 3.062 inversores, de los cuales 2.976 invirtieron un total superior a 185 millones de euros. La investigación refleja que los fondos ingresados por los afectados no se destinaron a inversiones reales en criptomonedas, sino que fueron transferidos a otras cuentas vinculadas a un entramado de sociedades creado específicamente para ese fin.
El mantenimiento de Romillo en prisión provisional busca, según la Audiencia Nacional, asegurar la tutela judicial efectiva de los inversores perjudicados y garantizar que el proceso de localización, bloqueo y recuperación de fondos continúe sin riesgos añadidos durante la instrucción del caso.
