Ordenan incautar móviles de mossos investigados por huida de Puigdemont
Barcelona, 18 (EUROPA PRESS)
La magistrada que investiga a tres mossos por su presunta participación, de forma concertada, en la huida del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024 ha acordado la recogida y, en su caso, la intervención forzosa de sus teléfonos móviles.
La decisión consta en un auto consultado por Europa Press y se enmarca en diligencias dirigidas a comprobar posibles contactos entre los agentes investigados y algún número asociado al expresidente durante un periodo concreto.
- Medida sobre los móviles de los investigados
- Periodo y canales de comunicación a analizar
- Proporcionalidad y posición de la Fiscalía
Medida sobre los móviles de los investigados
La titular del Juzgado 24 de Barcelona había rechazado inicialmente una petición de HazteOir, pero ahora la acuerda tras un auto dictado por la Audiencia de Barcelona.
En concreto, se ordena la recogida y/o intervención forzosa, así como el volcado, análisis y estudio de los teléfonos propiedad de los agentes investigados.
Periodo y canales de comunicación a analizar
El objetivo es identificar llamadas y mensajes a través de SMS, WhatsApp o Telegram entre los investigados y algún número vinculado a Puigdemont.
El intervalo fijado para el análisis abarca del 8 de julio al 9 de agosto. Esta actuación ha sido avanzada por La Razón.
Según la instructora, el examen de los flujos de comunicación busca comprobar si existieron contactos entre los investigados y algún número asociado al expresidente en las fechas señaladas.
Proporcionalidad y posición de la Fiscalía
La magistrada sostiene que las diligencias acordadas resultan proporcionadas y necesarias para avanzar en la investigación y para concretar hechos que puedan atribuirse a los mossos investigados.
También subraya que no se aprecian medidas alternativas menos gravosas y con la misma utilidad para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Por su parte, la Fiscalía considera la medida proporcionada tras ponderar el delito que podrían haber cometido los investigados y las consecuencias sobre su derecho a la intimidad, y la califica de idónea al no existir, a su criterio, otra diligencia menos invasiva que permita esclarecer los hechos.
